Por. Óscar H. Morales Martínez.
Fueron seis los tiros que dieron muerte al último bastión de legalidad y contrapeso de poderes, desangrándose uno de los órganos vitales de la democracia en México.
Lo más triste, es que las balas salieron del arma que debía ser utilizada contra la demagogia, la concentración de poder político y el consuetudinario actuar inconstitucional del Jefe de Gobierno de México, sucediendo lo contrario.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación, máximo Tribunal Constitucional del país y cabeza del Poder Judicial de la Federación, era el último territorio por conquistar en la invasión de Morena durante este sexenio.
Con seis votos a favor y cinco en contra, se autorizó someter y condicionar la Justicia a procesos de consulta popular, sustrayendo del Poder Judicial el ejercicio de la acción penal que le corresponde conforme al artículo 21 constitucional, para arrogarla al arbitrio, conveniencia y deseo del Poder Ejecutivo.
¿Qué hace diferente a los políticos de los ciudadanos para que a aquellos solo se les aplique la ley mediante una consulta? ¿Cómo se controlará la legalidad de los procesos de consulta para no ser utilizados como meros distractores o amenazas púbicas? ¿Quién pagará los gastos de todos estos procesos que pueden ser equivalentes a los costos de un proceso electoral? Y lo más importante. ¿Por qué es necesario consultar asuntos que por disposición legal deben ser investigados por el Estado Mexicano?
La decisión de la Suprema Corte es histórica porque valida la misma estratagema política que ha utilizado el Presidente de México para extinguir proyectos que no le interesan o convienen, obteniendo mayor fuerza política con su cancelación, como sucedió con el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México o la planta cervecera de Constellation Brands en Mexicali.
Como un arma de doble filo, el Presidente también utiliza la consulta popular para intentar dotar de legitimidad sus proyectos y obras que no han seguido procesos administrativos establecidos en Ley, ni procesos técnicos de aprobación, como los proyectos del Tren Maya o la Refinería de Dos Bocas, minando con ello toda legalidad y constitucionalidad y dejando en estado de indefensión a los agraviados.
El único mecanismo de defensa que tienen los particulares frente a dichas consultas ilegales es el Juicio de Amparo, sin embargo, con la aprobación de la consulta popular no solo se autoriza someter el ejercicio de las acciones legales en contra de los “actores políticos”, sino que en su espíritu y razonamiento se valida un nuevo mecanismo político-judicial basado en la vox populi, que se coloca por encima de toda ley y tribunal y cuyo ejercicio exclusivo corresponde al primer mandatario.
Ante este alto grado de riesgo y falta de certeza y seguridad legal ¿qué inversionista extranjero o nacional querrá invertir en grades proyectos en México?
La consulta pública es la manera en que Andrés Manuel López Obrador encubre, maquilla y purifica sus actos bajo la consigna de combatir la corrupción, cubriéndolos con el manto protector del “Pueblo Sabio”, difuminando y desvaneciendo así su responsabilidad entre la multitud, como emperador romano que consulta a la tribuna del Coliseo para decidir sobre la vida o muerte de los gladiadores.
Pero nadie sabe quién o qué es el Pueblo. ¿Son los pobres? ¿son todos los ciudadanos mexicanos? ¿es la población o localidad a la que afecta o beneficia una obra? ¿son algunas personas que levantaron su mano para aprobar el Tren Maya? ¿es la Cámara de Diputados? ¿están incluidos los mexicanos que viven en el extranjero?
Lo que es de todos, no es de nadie, así que en una consulta popular no hay responsables de los actos subsecuentes, ni a quien responsabilizar, como en la obra Fuente Ovejuna del escritor español Lope de Vega en la que no fue posible enjuiciar al asesino del Comendador Mayor de Calatrava.
En actitud mayestática, AMLO amenazó momentos antes de la resolución de la Corte sobre la consulta popular, que si el sentido de la respuesta fuera negativo (como se esperaba), él reformaría la Constitución, de modo que al final se tendría que hacer su voluntad. La Corte le ahorró el proceso.
Los tres ministros de la Suprema Corte que propuso AMLO (Juan Luis González Alcántara Carrancá, Margarita Ríos Farjat y Yasmín Esquivel Mossa), lo apoyaron, votando en sentido aprobatorio sobre la constitucionalidad de la consulta pública, lo que evidencia su falta de imparcialidad e independencia, pero quien con su voto inclinó la balanza y dio el tiro de gracia fue el ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, Presidente de la Corte, a quien desde antes de esta decisión se le consideraba afín a las ideas del Presidente López Obrador.
Arturo Zaldívar declaró hace unos años que había sido presionado por el Expresidente Felipe Calderón para resolver sobre los asuntos de la Guardería ABC y Florence Cassez.
Fue él quien elaboró y presentó a la Suprema Corte el proyecto de liberación de la francesa, en contra de las supuestas presiones de Felipe Calderón.
De ser cierto lo que declaró el ministro Zaldívar, existe entonces una clara animadversión en contra del exmandatario, motivo suficiente para que tuviera que excusarse en emitir su voto en este asunto cuya finalidad inicial era enjuiciar a varios expresidentes, entre ellos al ya mencionado Felipe Calderón, por lo que su resolución está viciada.
En el fondo, no hay argumentos sólidos ni contundentes que respalden su decisión aprobatoria, no obstante que su carrera profesional y académica ha sido dedicada al Derecho Constitucional, siendo un experto en la materia.
Que quede claro, se aplaude que se rompa la regla no escrita en política mexicana de que los Presidentes no pueden perseguir ni enjuiciar a sus predecesores, pero perseguir delitos y procesar a políticos no puede ni debe someterse a consulta, ni depende de los deseos de venganza o rencor, sino que es obligatorio el proceso y la investigación para aquellos funcionarios a quienes se ha encargado la aplicación de la justicia, so pena de incurrir éstos en responsabilidad de no hacerlo o hacerlo indebidamente.
No era necesario autorizar un nuevo circo mediático con la falacia de la voluntad popular.
El avión presidencial le sigue costando a México y ahora se le sumará otro gasto, recursos y tiempo, cuando en vez de ello deben aprovecharse las exiguas finanzas públicas para priorizar proyectos e infraestructura de primera necesidad y así impulsar la economía nacional hacia arriba y no hacia abajo.
Si se pretende enjuiciar a políticos, valdría la pena en vez de una consulta popular reestablecer una figura legal que se utilizaba en la época del Virreinato llamada Juicio de Residencia, mediante el cual toda autoridad que terminaba el ejercicio de su cargo, desde virreyes y presidentes de Audiencia, gobernadores, hasta alcaldes y alguaciles, debía ser sometida a este proceso para analizar el grado de cumplimiento y posibles irregularidades, quedando dichas autoridades arraigadas mientras durara la investigación. Si la resolución era favorable, la autoridad podía ascender en el cargo; en cambio, si había cometido errores o ilegalidades, podía ser sancionado con una multa o la prohibición de por vida de un cargo. Podríamos añadir ahora sanciones penales.
El filósofo John Locke, considerado el padre del liberalismo clásico, escribió: “Donde termina la ley, empieza la tiranía. Así ocurre cuando el que gobierna, por mucho derecho que tenga al cargo, no se guía por la ley sino por su voluntad propia; y su mandato y acciones no están dirigidos a la conservación de las propiedades de su pueblo, sino a satisfacer su propia ambición, venganza, avaricia o cualquier otra pasión irregular”.
Esto fue escrito en el siglo XVII y sigue siendo tan cierto como actual.
Es tiempo que le quitemos la venda de los ojos a Themis, diosa de la justicia y la equidad, para que vea claramente contra quienes debe blandir su espada, porque ya no puede permanecer ciega, ya le robaron la balanza y le están viendo la cara.