La coordinadora del Grupo Parlamentario del PRD, Verónica Juárez Piña, propuso reformar la Constitución para instituir que todas y todos los funcionarios públicos reciban capacitación en materia de paridad de género, no discriminación y Derechos Humanos, antes de asumir su encargo.
Dicha capacitación, debe ser con independencia de si los funcionarios reciben el encargo por nombramiento o por elección popular.
En un comunicado enfatizó la necesidad de esta reforma, ya que la violencia feminicida es un grave problema que en México no disminuye, aumenta cada día, y un factor que contribuye es la incompetencia y negligencia desde diversos niveles de gobierno.
“Esta incompetencia y negligencia se da incluso a pesar de convenios internacionales signados por México e, incluso, sentencias en su contra de parte de instancias supranacionales. El resultado de sus omisiones y desatenciones a unos y otras es que en su territorio al menos 11 mujeres son asesinadas al día y la gran mayoría es agredida en diversas formas”.
Además, las mujeres son sometidas a violencia institucional por quienes detentan el poder público, lo cual es reflejo de una sociedad en la que se valora poco la vida e integridad de éstas.
Mencionó los avances registrados en el país, como resultado de una larga lucha de organizaciones feministas. Uno de ellos es la reciente reforma constitucional en materia de paridad.
Refirió que el PRD ya ha presentado otras propuestas en este rubro, y adicionalmente, ha propuesto que se capacite al personal de estructura de la Cámara de Diputados para garantizar los derechos de todas las personas que en ella laboran.
Agregó que experiencias internacionales respaldan su propuesta, como la Iniciativa Micaela, del 19 de diciembre de 2018, en Argentina, nombrada en honor de la joven activista Micaela García, de 21 años, violada y asesinada por un expresidiario en libertad condicional, y cuyo caso obligó a la capacitación de funcionarios de todos los niveles y órdenes de gobierno, particularmente en el Poder Judicial.
Juárez Piña señaló que la capacitación no sólo debe ser para los poderes federales, sino también estatales y municipales, por lo cual propone que en plazos perentorios adecúen sus respectivas normas y se instituya el Programa Nacional Permanente de Capacitación Institucional en Género y Violencia contra las Mujeres.