Es la certeza jurídica, respondió aquel experto embajador de Estados Unidos en México (de quien evito su nombre porque, aunque dentro de un periódico, la charla fue off the record) a la pregunta sobre el principal problema de este país ante inversión extranjera.
México ya estaba inmerso en la espiral de la inseguridad, la violencia y el narcotráfico. En el norte del país había ocurrido el secuestro de un directivo extranjero de una empresa global de tecnología, y se creía que esas actividades delictivas afectarían la creciente inversión extranjera.
Mire, explicó el diplomático, esas empresas conocen esos riesgos aquí y en otros países, tienen presupuestos y están preparadas para ellos; lo que ahuyenta a las inversiones nacional y extranjera en cualquier país es la falta de certeza jurídica.
Claro que esa empresa, agregó, espera que las autoridades persigan y castiguen a los autores del delito contra su ejecutivo para hacer prevalecer del Estado de derecho, pero le importa más saber que su inversión está segura y que podrán trabajar con respeto a las condiciones legales aceptadas.
Imagine, siguió, que esa empresa tenga que enfrentar un juicio por el terreno en donde están sus instalaciones, que fue adquirido legalmente, porque unos “campesinos” recurrieron a un amparo aduciendo derecho a esas tierras desde antes de la llegada de los españoles… y se abre todo un proceso judicial que durará años y llegará hasta la Suprema Corte de Justicia. Y agregó: no, no se ría, que eso ocurre; es una exageración, pero en esencia ocurre.
Hoy en México, con el gobierno federal actual, la certeza jurídica en México, para mexicanos y extranjeros, no existe.
A vuela pluma se pueden hacer listas de las violaciones a los acuerdos, contratos y a la aplicación de la ley y la justicia que han ocurrido en los dos años recientes y que han dañado la confianza de inversionistas y ahorradores, que tienen y tendrán consecuencias directas e indirectas en la creación y el mantenimiento de empleos no para los altos ejecutivos, sino para un gran número de trabajadores que, junto con sus familias, viven al día.
La fórmula populista ha sido muy sencilla: presuntas consultas populares (ninguna ha cumplido con los requisitos legales) para cancelar la construcción del nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México por corrupción, aunque hasta ahora no se haya sancionado legalmente a ningún corrupto y la cancelación de la inversión millonaria de una empresa cervecera en Baja California; o la descalificación y cancelación de proyectos de energías limpias. Ocurre en la vida diaria con la impunidad para los delincuentes de todo tipo. La justicia, el Estado de derecho, la certeza jurídica han quedado en manos de un ser todo poderoso, el presidente de la República.
Hoy desde la cúspide del poder político se promueve una nueva ruptura del Estado de derecho, con una consulta popular para decidir si se enjuicia a los expresidentes de la República. ¿Cómo? ¿Por qué? Si algún expresidente de la República violó la ley, pues debe ser llevado a juicio para que se determine su culpabilidad, con base en las pruebas se que aporten, y se le sancione. Lo demás, es simple demagogia electoral.