El presidente Andrés Manuel López Obrador promueve una consulta ciudadana para que los expresidentes de nuestro país sean enjuiciados por los delitos que pudieron haber cometido durante su gestión.
La consulta, por ley, debe realizarse el primer domingo de agosto, pero el presidente propone que se haga el mismo día de la elección intermedia, es decir, un mes antes.
En una encuesta publicada ayer jueves en El Universal, los consultados creen oportuno que los expresidentes Carlos Salinas de Gortari (1988-1994) 88.5%; Felipe Calderón (2006-2012) 8201% y Enrique Peña Nieto (2012-2018) 89.4%, deberían ser enjuiciados y, en caso de ser culpables, encarcelados. Tras de ellos están Vicente Fox (2000-2006) 78% y Ernesto Zedillo (1994-2000) 74.3%
La consulta ciudadana debe cumplir con algunos requisitos: que la solicite el presidente o que un tercio de los diputados o senadores la propongan. También cabe la posibilidad de que el 2 por ciento de los inscritos en el padrón electoral lo pidan, pero la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinará si la consulta es constitucional.
Los Derechos Humanos son una limitante para las consultas ciudadanas por los que, en opinión de expertos en la materia y juristas, dicen que la consulta no tendrá el visto bueno de la Corte para realizarse.
La principal acusación en contra de los exmandatarios es la corrupción. En el caso de Calderón, se habla de “crímenes de guerra”, derivados de su presenta lucha contra el narcotráfico.
Algunos juristas, que rechazan la consulta por inconstitucional, dicen que para Calderón y Peña sí hay puertas que se pueden abrir para evitar el candado de que los expresidentes solo pueden ser acusados por traición a la patria. Esas puertas son los juicios en contra de Genaro García Luna por narcotráfico, que se desarrolla en Estados Unidos y el caso Lozoya.
El tema de la consulta será recurrente de aquí a la elección de unió del 2021. Si se abren procesos en contra de los expresidentes, que se lleven con la máxima publicidad y transparencia posible.
La Letrina. Hace unos días se filtró que, a Francisco García Cabeza de Vaca, gobernador de Tamaulipas lo investigaban la DEA, la agencia antidrogas de los Estados Unidos, y la Unidad de Inteligencia Financiera. Antier, García Cabeza de Vaca estuvo en McAllen, Texas con representantes de la DEA, la Patrulla Fronteriza, el FBI y el Departamento de Seguridad Pública de Texas. La reunión se realiza para que las autoridades de Tamaulipas en materia de seguridad intercambien información y desarrollen estrategias en ambos lados de la frontera para identificar y detener delincuentes en la franja fronteriza. Es extraño, García cabeza de Vaca va con quienes lo querrían, cuando menos, interrogar. En México todavía hay políticos que no cruzan esa frontera por pendientes que tienen con la DEA desde los años 80.