En medio de la pandemia y de los recortes presupuestales que especialmente han dañado a los programas destinados a la igualdad de género, las poderosas iniciativas feministas se abren paso confirmando la autenticidad de un movimiento que, desde diversos frentes, sigue siendo capaz de sumar.
Así lo hemos atestiguado a lo largo de una emergencia sanitaria en la que mujeres organizadas y activas en la defensa de nuestros derechos no han dejado de construir espacios y alternativas para denunciar la violencia, insistir en el castigo al feminicidio y concretar la paridad.
Como parte de este empuje de conocimientos e inteligencias acumuladas que portan feministas de distintas generaciones, procedencias y adscripciones políticas y partidistas, ha tomado vuelo la iniciativa “3 de 3 contra la violencia”.
Se trata de una propuesta que busca garantizar que ningún funcionario público o representante de elección popular tendrá antecedentes como deudores de pensión alimenticia, acosadores o agresores por razones de género.
Impulsada por Las Constituyentes CDMX, la iniciativa tiene el propósito de prevenir la violencia institucional, incorporar a la ética pública los valores de la igualdad sustantiva y garantizar jurídicamente los derechos de las mujeres.
Son causas defendidas desde tiempo atrás y que ahora se articulan en una propuesta encaminada a institucionalizar el rechazo a la paternidad irresponsable, las agresiones sexuales y la aún inivisibilizada violencia machista.
Y para asegurar el éxito en el plano parlamentario, el Grupo de Trabajo Plural de Igualdad Sustativa de la Cámara de Diputadas hizo suya esta iniciativa durante el conversatorio virtual “#3de3VSviolencia llega a San Lázaro. No más agresores en el poder”, el pasado 7 de agosto, en el que participaron legisladoras de Morena, PAN, PRI, MC y PRD.
La diputada Lorena Villavicencio Ayala (Morena), coordinadora de la Subcomisión de Atención a Feminicidios y Violencia contra las Mujeres, aseguró que no se trata de una persecusión a los varones, sino hacer realidad lo establecido en el artículo primero constitucional: promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos.
De concretarse la propuesta 3 de 3 contra la violencia, “estaríamos dándole la posibilidad a todas las mujeres y todos los ciudadanos de tener mejores funcionarios públicos, jueces y representantes populares”, planteó la morenista.
“No es suficiente el haber regulado la violencia política como lo hicimos. Es un avance, pero tenemos que establecer nuevos requisitos para aquellos hombres que quieren ser representantes populares o ser designados para una función en la administración pública y en el Poder Judicial”, sostuvo Lorena Villavicencio. Verónica Juárez Piña, coordinadora de la bancada del PRD, se pronunció por “blindar esta reforma, de tal manera que quienes ejercen el poder por designación, o quienes aspiren a ocupar cargos de elección popular, no lo puedan hacer si es que tienen antecedentes de violencia, por razón de género, o si son deudores alimentarios o acosadores sexuales”, enumeró.
Consideró la perredista que para darle viabilidad a esta plataforma, resulta clave la resolución de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) que ordenó al INE integrar un registro de personas que han incurrido en violencia política por razón de género.
La diputada Martha Tagle Martínez (MC) planteó que con el 3 de 3 contra la violencia se mandaría la señal de que las mujeres no tienen que pagar ningún costo por incorporarse a las actividades de toma de decisiones públicas, porque es su derecho.
Ana Lilia Herrera Anzaldo (PRI) sostuvo que las legisladoras de la llamada Legislatura de la Paridad deben avanzar en el castigo a las violencias que las mujeres enfrentan. “Yo me sumo a este 3 de 3 porque estaríamos dando la garantía de protección a una sociedad desde que se postula a un candidato, para que en la boleta sólo haya gente que tenga acreditado este compromiso de respeto a los derechos de las mujeres”.
La activista y feminista Yndira Sandoval Sánchez, de Las Constituyentes CDMX, dijo que con la iniciativa se busca construir una democracia basada en la corresponsabilidad de la prevención de la violencia y la garantía de los derechos humanos de las mujeres.
No se trata de revanchas políticas, aclaró la feminista, sino de contar con un mecanismo útil para limpiar las instituciones de agresores.
La presidenta de la Cámara de Diputados, Laura Rojas Hernández, se comprometió a traducir esta propuesta, en las próximas tres semanas, en una iniciativa de ley que pueda ser parte de la agenda parlamentaria del próximo periodo de sesiones, a iniciar en septiembre.
Fueron pronunciamientos que, sin duda, muy pronto marcarán la ruta legislativa de una nueva fase en la institucionalización de la vigorosa agenda feminista mexicana.
Porque aun cuando la descalificación y la incredulidad rondan al movimiento de las mujeres, su empuje no depende de burocracias ni de voluntarismos personales. Se trata de un movimiento político y social decidido a boletinar a los portadores de las peores manifestaciones culturales del machismo.