Después de cuatro meses de pésimas noticias para las mujeres por la disparada violencia doméstica y los recortes austericidas, julio cerró con dos buenas resoluciones que no deben pasarnos desapercibidas.
De un lado, la aprobación en la Cámara de Diputados de la reforma a 86 ordenamientos, a fin de aplicar la paridad en todos los espacios del Estado mexicano.
Y del otro, la instrucción del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación al INE para crear un registro de personas sancionadas por violencia política de género, a fin de que se constituya en un filtro para acceder a candidaturas federales.
Ambas decisiones tienen un gran significado en la construcción del entramado institucional de la equidad, consolidando avances acumulados tanto en la paridad como en la desnormalización de la violencia.
Tienen, además, ambos hechos, una connotación relevante en medio de esta nueva normalidad: se confirma que pese al deliberado maltrato del Ejecutivo Federal hacia la agenda de las mujeres, ésta se abre camino y vuela en los otros dos poderes.
Comparto algunas de las reflexiones que acompañaron la formalización de estos momentos.
EN LA CÁMARA DE DIPUTADOS
El 29 de julio, por unanimidad, el pleno de los diputados votó a favor de la armonización de 86 leyes secundarias, a fin de garantizar que tanto en las designaciones como en la conformación de grupos de trabajo y gabinetes de las instituciones del Estado, se aplique la paridad de género.
“Los mecanismos selectivos al interior de las instituciones, conformación de grupos de trabajo y las designaciones de gabinete, tendrán la obligatoriedad de construir 50 y 50, rompiendo con hábitos soterrados o más visibles y descarados del machismo y proponiendo innovaciones en el ejercicio público de funciones”: Wendy Briceño Zuluaga (Morena), presidenta de la Comisión de Igualdad de Género.
“Con estas reformas se hace realidad la paridad total en la integración de los consejos, órganos de gobierno, asambleas, comités, juntas directivas, comisiones, entre otras formas de representatividad. Y lo anterior, no tengo duda, se traducirá en una clara visión de las mujeres”: diputada Verónica Sobrado Rodríguez (PAN).
“Hoy sí, hay que celebrar, pero también hay que reflexionar. Hoy, lo acepten o no, el primer enemigo institucional de las niñas, adolescentes y mujeres de este país despacha desde el escritorio del presidente. Para él solo existimos y somos valiosas cuando sufragamos el voto, ya que nuestra voz no le representa valor alguno”: diputada María Luisa Noroña Quezada (PRI).
“Estos avances significativos son el fruto del esfuerzo y trabajo de generaciones de mujeres que decidieron luchas por vivir en un mundo más justo, seguro e igualitario. Hoy, compañeras diputadas, nosotras somos el resultado de esa lucha que logró que este Congreso de la Unión tenga paridad”: diputada Martha Huerta Hernández (PT).
EN EL TRIBUNAL ELECTORAL
El 29 de julio, el TEPJF ordenó al INE crear un registro de personas sancionadas por violencia política de género, hacerlo público y construir lineamientos para establecer que para acceder a candidaturas federales los candidatos no deben estar en la lista de infractores.
“Este registro nacional además sumaría cualquier sentencia que se dé en los tribunales locales y además en el ámbito federal para tener muy claro el panorama de por quién vamos a votar y sí, decirlo con todas sus palabras, exhibir de manera pública a toda persona violentadora. La creación de un registro nacional de violentadores hacia las mujeres puede ser también una medida que inhiba estas conductas de violencia”: la magistrada Mónica Soto Fregoso.
“Me parece que este puede ser un precedente de importancia para erradicar la violencia política de género”: magistrado Felipe de la Mata Peña.