En la pandemia, la resistencia feminista mexicana ha dicho presente.
Sin descanso, desde distintos frentes, activistas y legisladoras desplegaron en el inicio de este junio diversas reivindicaciones que confirman la fortaleza del movimiento de las mujeres.
Destaco tres pronunciamientos que, sin duda, merecen nuestros subrayados, por la relevancia de sus causas y porque la defensa que hoy se hace de éstas es, sin duda, la mejor manera de construir justicia para la futura nueva normalidad.
El lunes primero de junio, en una mega asamblea virtual, organizaciones de toda la República, se sumaron a la confomación de la red nacional “Nosotras tenemos otros datos”, con el anuncio y compromiso de revisar cada inicio de semana la agenda de las demandas y acciones encaminadas a una vida libre de violencia
Las participaciones de colectivos estatales que dieron cuenta de la situación que afrontan en sus entidades caracterizó este foro, dando cuenta de la singularidad de este ejercicio de rendición de cuentas y seguimiento de políticas públicas que rompe con el centralismo y el registro burocrático de las víctimas de feminicidio, agresiones domésticas y hostigamiento sexual.
Otro punto relevante de la red “Nosotras tenemos otros datos” es que suma a feministas de distintas generaciones y roles, lo que garantiza un diálogo que incrementará el conocimiento y los saberes de las luchas por la igualdad: la audacia disciplinada de María Salguero compartiendo el registro de los asesinatos de mujeres y la acentuada tendencia de la mano del crimen organizado y las vendentas; el tezón de activistas como Patricia Olamendi, Beatriz Cossío, Yndira Sandoval, Wendy Figueroa; el compromiso manifiesto de las diputadas Martha Tagle (Movimiento Ciudadano), Lorena Villavicencio (Morena), Guadalupe Almaguer (PRD), Cynthia López Castro (PRI); y la creatividad y arrojo de las artistas Viri Sandoval, Eréndira Ibarra y Vanessa Bauche.
Un segundo hecho en el plano parlamentario ocurrió el miércoles 3 de junio, cuando el Grupo Plural por la Igualdad Sustantiva de San Lázaro alzó la voz para pronunciarse a favor de la armonización legislativa en los congresos estatales de la reforma en materia de violencia política en razón de género.
En conferencia de prensa vía Zoom, la presidenta de la Cámara de Diputados, Laura Rojas Hernández (PAN), explicó que si bien el Instituto Nacional Electoral (INE) va a generar criterios para que el marco jurídico aplique en todas las entidades, lo ideal sería que desde ya éste quede armonizado en las legislaciones locales, a fin de darle más certidumbre a las futuras candidatas.
Con el propósito de lograr que los congresos rezagados cumplan con ese pendiente, el Grupo Plural de Igualdad Sustativa hizo un llamado a los diputados de Aguascalientes, Baja California, Coahuila, Colima, Chiapas, Chihuahua, CDMX, Durango, Hidalgo, Jalisco, Estado de México, Nayarit, Nuevo León, Puebla, Quintana Roo, San Luis Potosí, Tabasco, Tamaulipas, Veracruz, Yucatán y Zacatecas.
La diputada Martha Tagle detalló que la armonización resulta imprescindible para garantizar que las mujeres en los ayuntamientos estén correctamente representadas como presidentas, alcaldesas, síndicas, regidoras, y la integración de los congresos locales sea paritaria.
Recordó la legisladora por Movimiento Ciudadano que, a partir de esta legislación en materia de violencia política, “las mujeres que se dedican a tener una actividad política o un cargo de representación pública, no solamente de elección popular, van a poder tener mecanismos legales de tipo penal, administrativo o civil, e incluso electoral, en el Tribunal Electoral, para poder denunciar una situación de violencia política”.
Recordó Tagle que recientemente pusieron al día sus marcos jurídicos los estados de Michoacán, Campeche, Oaxaca, Sonora, Guanajuato, Tlaxcala, Baja California Sur, Sinaloa, Morelos y Guerrero.
La coordinadora de la diputación del PRD, Verónica Juárez Piña, expuso que esta reforma “tiene el acierto de definir con toda claridad qué se entiende por violencia política de género, tipifica las conductas ilícitas, establece las sanciones y faculta a las instancias que deberán hacerse cargo de la implementación, es decir, se establece un marco bien delimitado que busca eliminar los actos que hasta ahora han discriminado a las mujeres que participan en la política”.
La diputada Lorena Villavicencio conminó a que el rezago sea saldado en la CDMX. “Me parece increíble que no se haya logrado el quórum correspondiente cuando se trata de una ciudad que ha pugnado por ampliar los derechos de las mujeres de manera clara”, lamentó la morenista.
La diputada Olga Patricia Sosa (PES) señaló que en los congresos de Tamaulipas y Aguascalientes sigue guardada en el cajón del olvido la minuta de partidas en todo, desde hace un año. “Son los únicos dos estados que no han podido aprobarla”, cuestionó.
El pronunciamiento a los congresos estatales rezagados fue suscrito por todas las integrantes del grupo: Guadalupe Almaguer (PRD), Verónica Sobrado (PAN), Érika Sánchez (PRI), Nayeli Fernández Cruz (Morena).
Un tercer hecho de resistencia feminista, digno de registro, en este arranque de junio, es el llamado que las diputadas Wendy Briceño Zuloaga (Morena), presidenta de la Comisión de Igualdad de Género, Rocío Villarauz Martínez (Morena) y Marta Dekker Gómez (PT), hicieron al secretario de Hacienda, Arturo Herrera Gutiérrez, para que de manera urgente reintegre el presupuesto que fue reducido al Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) y que impacta el mantenimiento de las casas de las mujeres indígenas y afromexicanas.
El exhorto incluye a Adelfo Regino Montes, director del INPI, a quien le piden se retomen las actividades del Programa de Derechos Indígenas, cuya suspensión pone en peligro a esos espacios.
Es cierto que tradicionalmente estos pronunciamientos legislativos son como llamados a misa. Pero no deja de ser relevante que diputadas de la 4T asuman la responsabilidad de levantar la voz ante un evidente equívoco del gobierno federal.