Dieciocho meses esperó la comunidad gay en Costa Rica para que el calendario marcara ’26 de mayo’, fecha en que la Corte Constitucional decretó que borraría un artículo del Código de Familia que impide los matrimonios entre personas del mismo sexo.
Esos mismos 18 meses tuvo la Asamblea Legislativa del país centroamericano para implementar las reformas legales necesarias y ajustarlas a lo que había dictado una opinión consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en enero de 2018.
La advertencia de los magistrados era clara: si al cumplirse esos 18 meses no se modificaba la legislación, el inciso 6 del numeral 14 del Código de Familia desaparecería, con lo que quedaría habilitado automáticamente el matrimonio igualitario.
La fecha no pasó inadvertida, pues el movimiento ‘Sí Acepto’ realizó una transmisión de tres horas en la televisión estatal costarricense para celebrar el acontecimiento y repasar la historia de la lucha por el matrimonio igualitario en el país.
Gia Miranda, directora del movimiento y una de las organizadoras de esta transmisión, explicó a The Associated Press que había una gala televisiva compuesta por cápsulas informativas, historias relacionadas con el matrimonio igualitario y hasta saludos de personalidades como la cantante española Mónica Naranjo y la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la chilena Michelle Bachellet.
“Nos da muchísima alegría. El único que podía ganar con esto es Costa Rica y el amor en general, que nos permite que las divisiones se derriben y seamos un país más próspero y atractivo, más seguro para el turismo, más atractivo pues avanza en su democracia”, dijo Miranda.
Esas divisiones fueron las que encendieron el clima electoral costarricense en 2018, cuando a solo un mes de la votación en primera ronda, apareció la opinión consultiva de la Corte Interamericana y puso el tema en el centro de la discusión. Esa polarización puso al candidato evangélico Fabricio Alvarado como ganador de la primera ronda con su posición contra este tipo de uniones y rescató al oficialista Carlos Alvarado como segundo lugar con la tesis opuesta.
Dos meses después, Carlos Alvarado ganó la presidencia con la promesa de acatar lo dispuesto por la Corte, para lo cual incluso nombró por primera vez un comisionado LBGTI. Sin embargo, el tema terminó resuelto no en la presidencia ni en la Asamblea Legislativa, sino en la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia.
Varias parejas se prepararon desde el lunes para ser las primeras en casarse al caer la medianoche ante notarios y jueces en eventos, en su mayoría, privados y con pocas personas, pues se mantienen las restricciones relacionadas con la pandemia del COVID-19.
AP