Redacción / México.– Luego de presentarse tres denuncias formales por acoso y hostigamiento sexual ante la Unidad para la Igualdad de Género de la Cámara de Diputados, la presidenta del recinto, Laura Rojas Hernández, informó que se impondrán sanciones por responsabilidad administrativa a los servidores públicos y asesores de que incurran en actos de violencia de género.
Explicó que desde la semana pasada se cuenta con un modelo de denuncia y resolución, mismo que fue producto de un proceso de consulta, iniciado en noviembre pasado, con legisladoras, instituciones vinculadas al tema y académicos, por lo que se dará atención inmediata a los denunciantes.
Rojas Hernández explicó que en la Cámara de Diputados no había un mecanismo institucional para darle respuesta, de manera adecuada, a las denuncias por acoso y hostigamiento.
Como resultado del protocolo ya asumido por los diputados, habrá una Oficina de Atención a Denuncias, que tendrá personal especializado para la atención inmediata y urgente a las personas que lo necesiten, incluyendo asistencia médica y psicológica.
Los lineamientos prevén el otorgamiento de Medidas Urgentes de Protección cuando esté en riesgo la integridad física o psíquica de la persona denunciante, a fin de impedir la escalada de violencia o consecuencias desfavorables para quien padezca estos actos.
Estas medidas son parte del documento Lineamientos del Comité para la Institucionalización de la Política de Igualdad y no Discriminación, y del Procedimiento para Prevenir y Atender Actos de Violencia, Acoso y Hostigamiento Sexual y Laboral en el Palacio Legislativo de San Lázaro.
Los lineamientos incluyen la aplicación de medidas de prevención, como la adopción de pronunciamientos de Cero Tolerancia, programas de sensibilización para el personal y la instrumentación de campañas respecto de las causas y consecuencias de este tipo de conductas.
En el documento “se establece la imposición de sanciones por responsabilidad administrativa a los servidores públicos y la asesoría para emprender acciones jurídicas en el ámbito laboral, administrativo, penal, familiar y/o cualquier otro, cuando así lo decida la persona denunciante”.