Redacción / México.- La reforma en materia laboral debe inscribirse en las tendencias contemporáneas de modernización judicial que requieren los mexicanos, con base en el más amplio alcance protector y garantista de los principios y las prerrogativas del derecho humano al trabajo, destacó Yasmín Esquivel Mossa, ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Al impartir la conferencia “Reformas Laborales”, en la Facultad de Estudios Superiores Aragón, de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), explicó que con los cambios realizados al apartado A del artículo 123 constitucional, en virtud de la reforma a la Constitución federal del 24 de febrero de 2017, se materializa un recurso judicial más efectivo para la resolución de controversias entre patrones y trabajadores.
“Nos colocamos en la posibilidad real de por fin contar en nuestro país con una justicia laboral mucho más rápida y expeditiva, acorde con los estándares internacionales”, precisó.
Asimismo, señaló que con ello se pretende también contribuir a consolidar la democracia y la libertad sindicales. En ese sentido, apuntó que los cambios pretenden responder a un reclamo social añejo y, al mismo tiempo, obedecen a la obligación del Estado mexicano y sus instituciones de cumplir con los compromisos internacionales adoptados en materia de derecho del trabajo, cuyo fin último es alcanzar un mejor estadio justicia social que destierre y evite los desequilibrios entre patrones y trabajadores.
Con respecto al Poder Judicial de la Federación, Esquivel Mossa detalló que, dado que con la reforma de 2017 asume una competencia constitucional que antes no tenía, ha adoptado una serie de medidas para cumplir con este nuevo papel. Para ello, se creó, por parte del Consejo de la Judicatura Federal, la Unidad de Implementación de la Reforma en Materia de Justicia Laboral, la cual tiene a su cargo el Programa de Implementación de la Reforma en Materia de Justicia Laboral, cuyo contenido se encuentra orientado al logro de nueve objetivos estratégicos. Entre tales objetivos se encuentran los relativos a la creación de juzgados de distrito especializados en la materia; la formación y selección de los operadores jurídicos responsables; la correspondiente armonización legislativa, y los elementos presupuestales que se requieren.
Finalmente, en relación al nuevo modelo procesal, entre otros aspectos y situaciones, destacó que la oralidad y la inmediación facilitan que el juzgador conozca plenamente las pretensiones de las partes, pero también obligan a organizar y planificar la defensa, exposición y pertinencia de los medios de prueba en el litigio, para evitar improvisaciones. Pues reconoció que actualmente la falta de presencia del mediador y la mala planificación de la defensa de las partes, retrasan los juicios en materia laboral.