Paty conoció la muerte antes que el amor. Con apenas 12 años de edad, la pequeña niña indígena de la región tzeltal de Chiapas, fue secuestrada, abusada sexualmente y asesinada. Su agresor abandonó su cuerpo lastimado e inerte en unos matorrales, tres días después de su desaparición.
México se ha convertido en un cementerio de mujeres. Todos los días -en hoteles, la vía pública, el desierto, parajes rurales o en sus propios hogares-, aparecen cadáveres de mujeres de todas las edades y diferente condición social.
Las mujeres son víctimas de asesinatos, desapariciones, violaciones, maltratos y opresión. La magnitud de la tragedia crece y crece, frente a la negligencia y la indiferencia de las autoridades.
Datos oficiales del Sistema Nacional de Seguridad Pública revelan que tan sólo en cuatro años, el número de feminicidios aumentó 150 por ciento, al pasar de 216 a 540 carpetas de investigación relacionados con este delito, los cuales se concentran en los estados de Veracruz, Estado de México, Puebla, Nuevo león y Ciudad de México.
Sólo en el mes de julio se denunciaron 85 asesinatos de mujeres en el país, lo que representa la cifra más alta en lo que va de 2019, aunque el récord sigue siendo diciembre de 2018 cuando se registraron 96 denuncias de homicidios de mujeres por razones de género.
Las violaciones también han registrado un incremento considerable. Entre enero y julio de 2019 se reportaron 9 mil 928 casos, 37 por ciento más que los 7 mil 242 reportados en el mismo lapso de 2015.
El mismo Sistema Nacional de Seguridad Pública destaca que las autoridades federales contabilizaron un promedio diario de 81 asesinatos, al acumular un total de 17 mil 164 homicidios dolosos durante los primeros siete meses del año.
Diversas organizaciones sociales, como el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio consideran que el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador ha fracasado en la instrumentación de las políticas para combatir la violencia de género.
Advierten que autoridades federales, estatales y municipales se niegan a ver el fenómeno como un problema sistémico y aunque existen instrumentos y protocolos de actuación -como las alertas de género y las labores de investigación ministerial con perspectiva de género-, los funcionarios las desprecian y hacen a un lado, en detrimento de la dignidad de las víctimas.
Los feminicidios no son catalogados ni investigados como tales, quedan registrados como homicidios para invisibilizar la violencia contra las mujeres y mantener el velo de la impunidad que sólo favorece a los victimarios.
El asesinato de mujeres no puede seguir así. La tragedia está a la vista y el gobierno está obligado a reaccionar de forma contundente y puntual, sin improvisaciones ni decisiones vacías.
Sin embargo, no soy optimista. López Obrador instruyó al gabinete de seguridad para definir una estrategia específica a fin de que la Guardia Nacional pueda prevenir e investigar los feminicidios. Así que además de hacer labores migratorias, ahora la nueva corporación tendrá que enfrentar este fenómeno.
Por lo pronto, al paso que va, el gobierno de la 4T corre el riesgo de quedar manchado por el río de sangre de todas las mujeres asesinadas durante esta administración.