Es increíble que a horas de las manifestaciones para exigir garantías de seguridad para que las mujeres mexicanas sigamos vivas, que por cierto, despertaron todo tipo de criticas por destrozos y pintas en monumentos, en Oaxaca asesinaron a una mujer alcaldesa.
Carmela Parral había sido reelecta como presidenta municipal en San José Estancia Grande, Oaxaca, en el proceso electoral local pasado.
Desgraciadamente, no es la única y tampoco será la última mujer que no pueda concluir su encargo, el que le fue conferido por el voto popular, al ser asesinada, este mismo año, hace cuatro meses, le sucedió a otra alcaldesa en Veracruz.
Después del proceso electoral federal 2018, que estadísticamente ha sido el más violento, en particular para las mujeres, queda claro que las acciones de las autoridades tanto para que puedan competir como acceder y desempeñar el cargo, no son suficientes. El protocolo para atender la violencia política contra las mujeres, es eso, un mecanismo de atención, más no inhibitorio de conductas que vulneran derechos político-electorales y que llegan hasta la comisión de delitos como homicidio.
Lastimosamente es una realidad y se necesitan acciones más efectivas y enérgicas para que la violencia en general y la política contra las mujeres, pare y sea definitivo, así que quizá sea necesario un poquito de la diamantina rosa vertida en esta última semana y se convierta en realidad una reforma legal que penalice de forma severa el feminicidio, la violencia política contra las mujeres y en una de esas, ahora sí, se establezca como causal de nulidad de una elección.
No son inventos, ni ideas sin sustento, matan a las mujeres que se dedican a las labores del hogar, violentan a las mujeres que salen a trabajar, en la industria, oficina, desaparecen jovencitas universitarias, asesinan de forma artera a mujeres políticas, por tanto, no está de más un toque de diamantina rosa, de ese rosa mexicano que se convierta en un grito.
Y sí, nos queremos vivas, todas, niñas, jóvenes y adultas, íntegras, libres de salir, de realizar nuestro trabajo, de poder desempeñar el cargo para el cual fueron electas, y el Estado mexicano debe de garantizarnos eso.
Ojalá que el grito desesperado de miles de mujeres del pasado viernes, llegue no solo a la oficina del Zócalo capitalino, porque las muertas y violentadas no son exclusivas de la CDMX, que el grito llegue a cada rincón de nuestro país, al Congreso de la Unión, a las Legislaturas de las entidades, a los gobiernos estatales, para que se establezca no solo la Alerta de Género, se necesitan reacciones inmediatas en cuanto haya el mínimo indicio de que alguna está en peligro.
Las instituciones del Estado mexicano, están obligadas a atender los temas de violencia contra las mujeres. Las fiscalías especializadas deben atender el caso de la alcaldesa Parral Santos como un feminicidio político, en razón del encargo que ostentaba, aplicando los protocolos necesarios, no solo por muerte violenta en razón de género, sino de violencia política.
La exigencia de que se investigue bajo esa perspectiva no es capricho, debemos acostumbrarnos a llamar a las cosas por su nombre, no es un simple homicidio, es feminicidio. No es solo de género, por ser mujer, sino que debe agregarse que es un crimen cometido contra una mujer dedicada a la política.
No es menor el señalamiento, pero será la única forma de que el Estado implemente esas acciones eficientes para proteger a las mujeres de la violencia, pero ante todo, garantizar su derecho a la vida.
Ojalá se derrame diamantina rosa por todo el país y cese el derrame de sangre de niñas, jóvenes y mujeres adultas, violentadas por eso, por el hecho de ser mujeres.
Respetuosamente, para Carmen Parral Santos, Alcaldesa de San José Estancia Grande, Oaxaca. Porque ella, ya no puede exigirlo. DEP.