Recientemente el Congreso de la Ciudad de México aprobó la reforma al Código Penal local para incrementar las penas de prisión por el delito de feminicidio, de esta manera, la modificación establece una pena de 35 a 70 años de prisión. La aprobación de esta iniciativa se justifica con el argumento de fortalecer así la estrategia implementada en materia de seguridad. Sin embargo, es inevitable preguntarse si esto es realmente lo que aportaría más a la solución de esta problemática que lamentablemente va en aumento.
De acuerdo a una recopilación de datos realizado por Animal Político, a partir de información publicada por Gobernación y el Instituto Nacional de Estadística; las tasas de impunidad en la Ciudad de México superan el 76,5 por ciento: de modo que de más de 6.000 casos registrados entre 2010 y 2016, solo 1.471 por ciento ha recibido una sentencia. De esta forma se puede deducir que no, el aumento de pena no es la medida más urgente para resolver los casos de feminicidio.
Pareciera que existe una deficiencia en el conocimiento de la problemática, o falta de interés para disolver el principal obstáculo que es la impunidad jurídica. Está mal dirigida la medida, no se trata sólo de que los agresores pasen más tiempo en una cárcel, se trata –en términos de impartición de justicia– de que se castigue el delito. Lo que implica en primera instancia, que los casos se investiguen, además de incorporar la perspectiva de derechos humanos y de género en los procesos.
Sabemos que la violencia de género hacia las mujeres sucede en un marco de discriminación e impunidad intolerables, en el cual la baja efectividad del sistema de justicia penal, contribuye a la permisibilidad para estos delitos que atentan contra la integridad y la vida de las mujeres.
Si sólo el 8.3 por ciento de los casos relacionados con violencia de género llegan a manos de un juez, de acuerdo al informe Sistémica e impune: la violencia de género en gráficas elaborado por Impunidad Cero; ¿por qué insistir en que “la mano dura” hacia los delincuentes es la solución?
Por lo visto prevalece la resistencia a reconstruir el sistema de justicia de nuestro país, lo que sugiere una idea de que existe una falta de voluntad para promover la protección de la vida de las mujeres, y la sanción a quienes atenten contra ésta. Y por otro lado, el Estado continúa ignorando las recomendaciones de órganos internacionales, así como las demandas de distintas organizaciones feministas que le exigen prevenir todas las formas de violencias contra las mujeres, así como la protección de sus vidas y sus derechos humanos.
Los familiares de las víctimas transitan por años de impunidad jurídica y eterna administración del problema que pocas veces llega a la sanción del o los responsables; lo que menos necesitan es más demagogia punitiva. Pero por otro lado, seguramente habrían preferido que en lugar de incrementar años a la pena, el Estado hubiese garantizado más años de vida a sus hijas, madres y hermanas. En ese mismo sentido, las mujeres de esta ciudad exigimos que el Gobierno nos garantice vivir libres de violencia, y que la puesta política sea prevenir y erradicar la normalización e impunidad en que ocurre esta violencia que amenaza nuestras vidas.