Redacción / México.- En su conferencia de prensa matutina el presidente Andrés Manuel López Obrador, acompañado por el canciller Marcelo Ebrard Casaubon informaron sobre el estatus de migratorio que guarda el país.
Luego de que se realizara una revisión a los 45 días del Plan de Desarrollo para Centroamérica, el Ejecutivo señaló que se está dando una solución de fondo, atendiendo las causas de fondo.
Adelantó que en septiembre próximo se llevará a cabo una segunda revisión de este Plan que busca reducir la migración de indocumentados hacia Estados Unidos.
Agregó que, para ello, el gobierno federal destinará 90 millones de dólares anuales para impulsar el plan de desarrollo integral para Guatemala, Honduras y El Salvador, con la finalidad de generar empleo en la región y reducir el flujo migratorio.
Por su parte, Ebrard Casaubon aseveró que “va a la baja” la migración de centroamericanos hacia el país vecino del norte, al pasar de 144 mil 278 en el mes de mayo a 87 mil 648 en julio.
Refirió que continúa la limpia al interior del Instituto Nacional de Migración (INM) y que en breve se darán a conocer más detalles al respecto, donde de acuerdo con su titular, Francisco Garduño, hay entre 400 y 500 denuncias contra funcionarios.
El canciller detalló que el mayor flujo de migrantes proviene de Honduras, por lo que se busca retornarlos de forma expedita para evitar que se vulneren sus derechos humanos.
“México es el único país del mundo que apoya a Honduras con empleo para combatir el fenómeno migratorio”, e indicó que de diciembre de 2018 a junio de 2019, el INM ha proporcionado ayuda a más de 10 mil niños migrantes.
Comentó que los derechos humanos de los migrantes no se deben violar en ningún lugar se territorio nacional, pero “celebró que Oaxaca” haya tomado la decisión de ser una entidad “santuario” para estas personas.
Así mismo, destacó que ya fue rescatada la familia de migrantes hondureños secuestrada en territorio nacional, de acuerdo con la Policía Federal (PF).
Finalmente, refirió que se iniciarán trabajos en Ciudad Juárez para las personas que están en espera de asilo en Estados Unidos, en tanto que ya hay 4 mil 600 personas migrantes con empleo en esta misma región.
- Respecto a un supuesto golpe de Estado por parte de grupos políticos y empresarios, López Obrador aseveró que el país vive una situación de estabilidad y la gente está contenta con el cambio que se dio el 1 de julio de 2018, pues así lo puede constatar en sus giras de trabajo por todo el país.
“No hay ningún asomo de inestabilidad política, la oposición actúa con responsabilidad”. “Hay felicidad con nuestro pueblo”, refirió.
López Obrador reconoció que “hay algunos que están confundidos, fuera de quicio, pero ya se están serenando… No va más allá de los cuestionamientos, pero es consustancial a la democracia el que haya críticas, de que se cuestione al gobierno pero no ha pasado a mayores”, comentó.
- Sobre los 11 exfuncionarios involucrados en la llamada “Estafa maestra”, en la que se desviaron más de 5 mil millones de recursos públicos, se le cuestionó al Ejecutivo si instruirá a dependencias como el SAT o la Unidad de Inteligencia Financiera para investigar el caso, el Presidente afirmó que su gobierno colaborará en todo lo necesario con la Fiscalía General de la República (FGR).
“Cero corrupción, cero impunidad, no vamos a solapar actos de corrupción, no somos tapadera de nadie”, dijo el mandatario; sin embargo evitó mencionar de manera directa a la exsecretaria de Sedesol, Rosario Robles.
“Estamos apoyando a la Fiscalía en todo lo que nos solicite, todos los informes que tienen que ver con datos de inteligencia financiera, hay la instrucción precisa a Santiago Nieto (titular de esa área) de que se entregue toda la información y la Fiscalía va a resolver”, expresó el mandatario.
“Hay que esperar que concluyan las investigaciones y los procesos legales. La Fiscalía está haciendo la investigación amplia, sin limitaciones”, agregó.
Sobre si su gobierno pedirá que se investigue a otros funcionarios de sexenios anteriores, el presidente dijo que “eso corresponde a la Fiscalía y nosotros vamos a aportar toda la información que nos soliciten”.
- Sobre su postura ante la llamada “Ley Garrote”, que prevé castigos hasta de 20 años de cárcel para quienes impidan la ejecución de obras públicas o realicen bloqueos de calles, López Obrador señaló: “Yo pienso que se estaba abusando, había extorsiones, corrupción y era necesario poner orden. Creo que ese fue el principal de esta nueva legislación”.
Pero dejó claro que siempre se deben proteger los derechos de los ciudadanos, “no puede afectarse el derecho a disentir, el derecho a la manifestación, la libertad en general”.
Con la “Ley garrote”, dijo, no se afectarán los derechos humanos ni se limitarán las libertades de los ciudadanos, “este es el informe que tengo”.
El presidente López Obrador mencionó que es necesario que se acabe con la extorsión y que no se permita la corrupción.
En este contexto, adelantó que enviará -antes de que comience el periodo legislativo- una iniciativa para reformar el Artículo 28 de la Constitución, a fin de que quede establecido “que está prohibido el que se condonen impuestos para que se acaben los abusos que se cometían también en ese sentido”.