Todas las autoridades están obligadas a transparentar su información, a contar con plataformas accesibles para que quienes necesiten conocer algún dato puedan obtenerlo. Es un derecho de la ciudadanía conocer cualquier aspecto de la función pública: salarios, organigrama, personas funcionarias y servidoras públicas, licitaciones públicas, información relacionada a los servicios que presta, entre otros.
Ese derecho puede ser ejercido por las personas sin una tramitología que los haga desistir en el intento. Tan sencillo como buscar en internet las plataformas de los sujetos obligados o de los institutos encargados de la transparencia, ya sean nacional o locales en cada entidad.
Las instituciones, oficinas de gobierno, órganos autónomos deberán contar con áreas para ofrecer el servicio a las personas usuarias, en sus instalaciones. Aunado a la obligación de tener accesible en sus páginas oficiales toda la información de su quehacer diario.
Ese derecho a la información incluye además la bondad de que sirve para que las autoridades hagan constantemente un ejercicio de rendición de cuentas. El hacer pública su información les libera de responsabilidades por opacidad, presuntos actos de corrupción y además ayuda a que la ciudadanía sepa el porqué de la existencia de algunas dependencias y como ya señalábamos, saber de los trámites y servicios.
Pero lo más importante es el ejercicio de rendir cuentas. Estamos acostumbrados a que las personas que nos gobiernan o representan hagan eventos masivos para contarnos lo que hicieron a lo largo de un año. En algunos estados de la República los eventos de informes de gobierno o legislativos son verdaderas fiestas populares.
También ha sucedido en los eventos de informes del jefe del Ejecutivo federal, en otros sexenios, el día del informe, era el día del presidente. Eventos privados, discursos televisados, ahora eventos multitudinarios, verbenas populares y hasta conciertos se utilizan con la finalidad de dar a conocer los logros de gobierno.
Últimamente bajo el esquema de rendición de cuentas se han dado informes a los 100 y 200 días de gobierno, calificarlo de incorrecto sería incongruente con la exigencia y la propia responsabilidad de hablar del ejercicio de gobierno. Sin embargo, no podemos dejar de señalar lo sobrado que resultan las fiestas que rodean esa obligación.
Decir qué y cómo se hace, en qué se gasta el recurso público, quiénes son las personas servidoras públicas, a dónde acudir para resolver o solicitar determinado servicio, es el derecho a la información y la obligación de rendirla, es un plus que tiene la ciudadanía porque en la medida en que acceda a la información tendrá la posibilidad de exigir resultados en gestiones y solicitudes que realice ante las autoridades de cualquier nivel de gobierno o ante cualquier poder.
Acceder a la información en este tiempo en que el uso de las tecnologías se ha vuelto cotidiano, inclusive en las zonas más pobres del país, por lo que eventualmente podría convertirse en la forma que utilicen autoridades y dependencias para proveer de mayores datos a las personas, sin necesidad de hacer actos o festejos por el hecho de cumplir con su obligación de informar y rendir cuentas.
Como ciudadanía debemos ser insistentes en el ejercicio de nuestro derecho a la información, pero implacables en la exigencia de la rendición de cuentas.