Sin ser pesimista, todo parece indicar que México se convertirá en un tercer país seguro, que desde mi juicio, ya lo ha venido siendo debido al endurecimiento de la política migratoria de los Estados Unidos y por las condiciones impuestas a nuestro país recientemente. La mayoría de la población que no cruza hacia el otro lado, se queda en calidad de población flotante en alguna ciudad fronteriza o se desplaza a otra ciudad, tal y como sucedió con los haitianos hace algunos años. Sin duda, la política migratoria de México cambió, pasando de una de brazos abiertos a una de carácter restrictiva. Prueba de ello es el reciente nombramiento del Comisionado del Instituto Nacional de Migración (INAMI) que tiene un perfil acorde a los nuevos retos en materia migratoria. Ante este panorama, conjugado con presión del gobierno de Estados Unidos, se necesitaba a un operador que contenga los flujos migratorios, no un académico como lo era el anterior comisionado. Francisco Garduño, quien se desempeñaba como Comisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social (OADPRS) tendrá la gigantesca tarea de detener, reducir e inhibir que los flujos migratorios del sur no pasen más allá del Istmo de Tehuantepec. La pregunta es si en menos de un mes se podrá cumplir con dicho cometido más aún cuando no sabemos qué parámetros serán los que evaluará el presidente Trump, es decir, ¿cuánto es mucho o cuánto es poco en materia de detenciones?
La segunda pregunta es saber con qué presupuesto se contará para recibir y atender al universo de migrantes que serán enviados a México desde Estados Unidos y a los que se detendrán en la frontera sur. La semana pasada en un evento del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales (COMEXI) escuché al Subsecretario para América Latina de la Cancillería, Maximiliano Reyes, hablar del tema y no me quedó claro el monto y de dónde saldrán los recursos para esto. Una vez teniendo respuesta a ambos cuestionamientos, lo siguiente es trabajar en la parte del albergue y suministro de servicios. Aquí se podría recuperar la experiencia que la Comisión de Ayuda a Refugiados (COMAR) tuvo con los refugiados guatemaltecos en las décadas de los 80 y 90 cuando apoyó a más de 100,000 mil personas que huían del conflicto armado de ese país. La instalación de campamentos en los Estados de Campeche, Chiapas y Quintana Roo fue la respuesta y se buscó fondos de la Organización de Nacionales Unidas (ONU) a través del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) y de la Unión Europea. El problema se resolvió; al paso de los años muchos se repatriaron y otros se asimilaron. A mi juicio, los retos venideros son: reclutar capital humano, mismo que puede conseguirse tal y cómo lo hizo la COMAR en los años 90 en las escuelas de Relaciones Internacionales del país con el objetivo de contratar a funcionarios de campo que serán lo encargados de operar e instrumentar la ayuda a los refugiados.
Dada la premura y la dimensión del problema, no veo otra opción. Para evitar caer en la improvisación, es indispensable que se localice a los delegados de la COMAR que en esos años trabajaron para que se rescate su memoria histórica y se recupere la implementación de los programas de ayuda de aquellos años que tuvieron éxito. Asimismo, hay que tener claro que muchos de esos migrantes al cambiar de status de refugiado en un contexto de México como tercer país seguro, tendrán que asimilarse a través de programas de inserción, lo cual ya fue puesto en práctica por la COMAR mediante proyectos productivos, capacitación y dotación de servicios (vivienda, salud, educación, servicios públicos, etc.,). La curva de aprendizaje será muy prolongada si no se rescata lo que se tiene. Mientras esto sucede, hay que preparar la defensa comercial (represalias arancelarias) ante un eventual cambio de la lógica de la relación bilateral con Estados Unidos en los próximos días.