Hace unos días, la periodista Alejandra Jiménez García denunció las amenazas que ha recibido a partir de las publicaciones de sus trabajos periodísticos.
La comunicóloga y también locutora investigó sobre el cambio de uso de suelo en la peligrosa zona de Zacapu y Coeneo, de la región michoacana.
Ahí como en tantas otras zonas del país, depredadores de bosques talan árboles a su antojo y provocan incendios forestales. Deforestan hectárea por hectárea sin que nadie lo impida. Argumentan que “son sus bosques” y quien se oponga o muestre el ecocidio está prácticamente en la antesala de la muerte.
Ellos tienen el poder y mandan en las zonas boscosas. La tala ilegal de madera deja millonarias ganancias a los talamontes, pero cuantiosos daños y pérdidas irreparables al medio ambiente.
El clandestinaje forestal lo cometen desde organizaciones criminales hasta delincuentes bien organizados, apoyados por empresas corruptas y autoridades omisas.
Aunque en nuestro país, la tala ilegal de árboles no es un delito federal, la otrora Procuraduría General de la República abrió (entre 2000 y 2018) por lo menos 240 averiguaciones previas por violar la norma federal que establece “sanciones a quien desmonte o destruya la vegetación natural; corte, arranque, derribe o tale algún o algunos árboles o cambie el uso de suelo forestal”.
Le ley permite total impunidad a los taladores de árboles, incluso, si son detenidos pueden salir bajo fianza.
Un estudio de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, señala que la pérdida promedio anual de superficie forestal en México entre 2010 y 2015 fue de 91 mil 600 hectáreas por año. Otras fuentes señalan que se deforestan 155 mil hectáreas al año.
El problema es tan grave que el 70 por ciento de la madera que se comercializa en México es ilegal.
El decomiso por parte del gobierno federal es apenas de unos miles de metros cúbicos frente a los millones que se extraen ilegalmente.
Además de los miles y miles de árboles que son talados bajo el consentimiento de autoridades para cualquier tipo de construcción: autopistas, vialidades, centros comerciales, conjuntos habitacionales y lo que se acumule con las construcciones ferroviarias.
En el ilegal negocio de la tala han sido asesinadas y amenazadas cientos de personas.
Hace tres semanas en Chihuahua mataron a dos defensores de bosques, la señora Otilia Martínez Cruz y a su hijo Gregorio Chaparro Cruz. Ellos eran familiares de Julián Carrillo Martínez, indígena rarámuri y defensor del bosque de Coloradas, quien fue asesinado en octubre del año pasado.
Hoy la amenaza, es para Alejandra Jiménez García, una periodista que es intimidada por sacar a la luz las atrocidades de los talamontes.
Además de acosarla y atemorizarla con llamadas telefónicas, le dejaron una advertencia en una cartulina sobre el parabrisas de su carro:
“Hija de puta, chingas a tu madre, sigue mamando, vas a apagar el cerro con el culo, pinche culera.”
Jiménez García ya solicitó la protección de la Fiscalía General del estado desde el 22 de mayo, sin que hasta el momento –por lo menos hasta ayer por la tarde- haya habido respuesta.
Ojalá que el nuevo gobierno ponga atención en este delicado caso.
Y que, con su bandera de combate a la corrupción, ponga freno a este delito y supervisen los canales comerciales en la venta ilegal de madera.
En el Congreso de la Unión deberían retomar e impulsar las iniciativas que lo tipifican como delito grave.
Al nuevo secretario de SEMARNAT, Víctor Manuel Toledo lo esperan diversos retos, entre ellos, detener ese ecocidio que acelera el deterioro ambiental y que trae consigo severas implicaciones climáticas.