Llegó la reforma constitucional que termina con la disparidad histórica que mantuvo a las mujeres al margen de las decisiones políticas del país. Hasta ahora, ellos han decidido por ellas, de esta manera se explica la desigualdad inscrita en las políticas públicas que les afectan. Con esta modificación, es posible la participación igualitaria de las mujeres en la integración de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, así como en los órganos autónomos.
Este logro histórico entre otras cosas, representa una oportunidad de legitimación social de la participación política de las mujeres. Inherente a este impacto simbólico, se expone también la urgente necesidad de erradicar la incompatibilidad que existe entre los roles sociales impuestos a las mujeres, y la constitucionalidad de la paridad total.
Hoy más que nunca es imprescindible que las mujeres que participan de la vida política del país, tengan verdaderamente acceso al diseño de las políticas públicas y la toma de decisiones. Ya no es un asunto de “buena voluntad”, ni de cuotas: es un asunto de derechos, igualdad y justicia, pero sobretodo, es la oportunidad para terminar con la simulación.
Además, resulta ineludible la incorporación de la perspectiva de género en cada decisión implementada. Asimismo, es la oportunidad de fomentar el liderazgo político de las mujeres desde diversos espacios, para propiciar su implicación real, y de esta manera abrir paso a la construcción de nuevos paradigmas en las formas de hacer política. Si esto sucede, podríamos pensar en la inauguración de un nuevo enfoque en el ejercicio del poder público.
Lograr la paridad de género no es únicamente competencia constitucional –ojalá fuera tan sencillo– sobretodo es un asunto de competencia sociocultural.
Así, la modificación de la Carta Magna expone retos que no son nuevos pero hoy son más urgentes: como la desarticulación de estereotipos basados en el género que continúan rezagando a las mujeres, tarea que es competencia de todos y todas.
Si socialmente se continúa obstaculizando la participación política de las mujeres, a través de prácticas tan comunes como poner en tela de juicio su capacidad –en tanto mujeres– para desempeñar cargos públicos, para participar en contiendas electorales, para ocupar posiciones de liderazgo: los esfuerzos seguirán siendo insuficientes.
Compromete la concientización social para abrir paso a la vida pública de las mujeres, lo que implica entre otras cosas: pensarlas fuera del ámbito privado, liberándolas de culpas y prejuicios basados en estereotipos que condicionan su ejercicio en el ámbito público; erradicar la violencia sistémica de la que son víctimas, para que ésta no represente una doble obstaculización; requiere la implicación de los hombres en las actividades domésticas y de cuidados, para favorecer la participación igualitaria; supone el compromiso de los hombres a través de renunciar al poder absoluto en la toma de decisiones; y exige la democratización real en todos los espacios.
La paridad total reclama un esfuerzo conjunto, es la oportunidad de que las leyes también tengan voz de mujer. Sin embargo, el nuevo desafío será la representatividad de los intereses de las mujeres, lo cual sólo será posible en primera instancia, si se implementa la perspectiva de género en todas las políticas públicas, no olvidemos que el 50-50 tampoco es garantía de equidad.