Todos los tribunales del país están obligados a resolver los juicios que son de su competencia bajo el amparo de la protección más amplia y en plena observancia al principio de progresividad de derechos que establece el artículo primero constitucional.
Hacerlo bajo esas premisas permitirá que quienes acuden en búsqueda de justicia no sean discriminados por razones de sexo, identidad, escolaridad, religión, etnia, preferencias sexuales, discapacidad, así como condición o circunstancia en particular.
En el caso de las autoridades jurisdiccionales electorales, al considerar que los derechos político-electorales son derechos humanos, las sentencias deben observar las perspectivas especificas para que sus determinaciones no discriminen a las personas en sus derechos de votar, ser votados, acceder a cargos de representación popular o ser designados y poder ejercerlos.
En casos particulares resulta imperativo acudir a la convencionalidad o a criterios y jurisprudencias para juzgar con la perspectiva idónea, pues las necesidades y circunstancias de algunas personas requieren visibilizar determinadas condiciones para implementar ajustes razonables a efecto de tutelar los derechos de los justiciables.
En nuestro sistema legal además de las leyes y jurisprudencias la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la Sala Superior del TEPJF, han elaborado diversos protocolos de actuación para juzgar con las perspectivas necesarias para que cualquier persona pueda acceder a la justicia pronta, expedita e integral.
Podemos mencionar el protocolo para atender la violencia política contra las mujeres en razón de género, protocolo de actuación para personas con discapacidad, de actuación para juzgar con perspectiva de género; para niñas, niños y adolescentes; para indígenas, también para adultos mayores, entre otros.
La implementación de estas formas de acercar la justicia a todos los sectores y grupos vulnerables o minoritarios obedece también a las obligaciones que como Estado Parte, México ha suscrito ante los organismos internacionales, en los que se busca que quienes juzgan antepongan en sus resoluciones los derechos humanos de las personas, no hacerlo de esa forma, las sitúa en un estado de indefensión y menoscaba o nulifica su acceso a la justicia.
Las perspectivas en la forma de impartir el derecho a favor de la ciudadanía no es una concesión, es la materialización de qué Estado brinde el bienestar y tutele los derechos humanos ya sea de forma individual o de una colectividad.
Juzgar con este esquema evita resoluciones discriminatorias y permite que los alcances ya sea de lo que establecen las normas aplicables o en su caso los criterios y jurisprudencias, así como la convencionalidad permitan que determinadas condiciones de la ciudadanía se visibilicen y sea posible en su caso y de ser necesario resarcir perjuicios derivados de actos u omisiones de autoridad.
Aplicar ajustes razonables a casos específicos permitirá que el Estado cumpla su cometido de garantizar que la ciudadanía el acceso a la justicia y a la participación en los asuntos públicos, cuando de derechos político-electorales se trate. Por otra parte, en temas de índole privada, se logrará que personas en casos de vulnerabilidad no sean abusados en sus derechos y posesiones, por razones de discapacidad, minoría de edad, adultez, diversidad sexual, etnias o falta de escolaridad.
Ahora bien, ya existen determinadas acciones afirmativas para la protección de derechos, que sin estar plasmados en la ley deben ser reconocidos, sin embargo aún falta que las personas juzgadoras sean sensibles y se adapten a otros enfoques de aplicación del derecho, esto es, la perspectiva con la que se visibilicen las circunstancias especiales con las que las personas acuden a las instancias jurisdiccionales.
Ser sensibles pero sobre todo mostrar humanidad en la aplicación del derecho permitirá precisamente la progresividad de los derechos humanos eliminando las brechas de desigualdad y discriminación que existen y nos polarizan como sociedad