Redacción / México.– En su conferencia de prensa matutina de este lunes 25 de marzo, el Presidente Andrés Manuel López Obrador y el subsecretario de Derechos Humanos, Migración y Población de la Secretaría de la Gobernación, Alejandro Encinas, informaron sobre el Mecanismo de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.
Encinas Rodríguez reconoció que el mecanismo no ha dado los resultados que se esperaban y prueba de ello es que durante esta administración han sido asesinados seis periodistas y nueve defensores de derechos humanos.
Explicó que actualmente, 792 personas están bajo protección, de los cuales 498 (63 por ciento), son defensores de derechos humanos y 292 (37 por ciento), son periodistas, estos últimos concentrados sobre todo en la Ciudad de México, Veracruz y Guerrero.
El funcioinario federal, agregó destacó que una empresa privada es la encargada de brindar directamente la protección a los periodistas, sin embargo, su costo es excesivo y sus resultados cuestionables.
Como parte de la reorganización del Mecanismo, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) realizará una revisión completa al Fideicomiso del Mecanismo, se trabajará con la alta comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, y se revisará la composición de la Junta de Gobierno de ese organismo.
Encinas recalcó que es el Estado el responsable de velar por la seguridad de los periodistas e hizo un llamado a los dueños de los medios de comunicación, especialmente los concesionados, para proteger a sus empleados y a no estigmatizar a sus reporteros cuando reciben ataques o amenazas.
Destacó que existen muchos casos de periodistas que trabajan mediante outsourcing y por ello no cuentan con un seguro de vida y ninguna otra prestación.
Recordó casos vergonzantes, como el de un reportero en Veracruz, a quien se supo que su periódico le pagaba cada nota con 50 ejemplares que él debía vender para obtener el dinero correspondiente.
Dijo que la empresa RCU, que actualmente maneja la protección, no ha garantizado que los 792 botones de pánico activos funcionen siempre y en todas las circunstancias, aunque sólo 230 de quienes los tienen los mantienen prendidos todo el tiempo.
Sobre la revisión de la operación del Mecanismo de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, dijo que se cuenta con el apoyo de instancias internacionales como la Agencia para la Cooperación al Desarrollo de Estados Unidos (USAID, por sus siglas en inglés), la Unión Europea y la embajada británica, entre otros.
Encinas Rodríguez adelantó que se buscarán ahorros respecto a la empresa privada que lo maneja, para que el Estado se haga cargo plenamente e, incluso, mientras ocurre este proceso, policías federales y el Ejército capacitarán al personal de la compañía que se encarga de la protección.
Sobre el caso de Miroslava Breach, afirmó que la Fiscalía del Estado de Chihuahua está a cargo de las investigaciones, pero lamentó que a dos años del homicidio no se haya logrado nada todavía y añadió que el fiscal General de la República podría atraer las pesquisas si se encuentran elementos.
Por su parte, el primer mandatario reivindicó su propio derecho a señalar a la llamada “prensa fifí”, que sí existe y que forma parte del conservadurismo que se niega a morir y que mantiene una línea ideológica clara y un proyecto político específico.
Con todo, insistió, en su gobierno la “prensa fifí” tiene todo el derecho de manifestar sus ideas, como cualquier persona, siempre que lo haga dentro de los cauces del derecho y con respeto, aunque “no me voy a quedar callado ante la hipocresía; ¡basta de simulación!, ¡fuera máscaras!”.
- El caso de Luis Donaldo Colosio podría reabrirse, si existe posibilidad técnica, anunció el presidente de la República, quien advirtió que será la Secretaría de Gobernación, quien realice el análisis correspondiente.
Además, confirmó que recibió la carta de los padres de Mario Aburto Martínez, y advirtió que turnó el caso a la secretaria de Gobernación Olga Sánchez Cordero, para que analice si técnicamente es posible reabrirlo.
- López Obrador se refirió también al cambio de régimen que encabeza y, de nueva cuenta, criticó a sus antecesores: Carlos Salinas, dijo, “es el padre de la desigualdad”; Ernesto Zedillo, responsable del Fobaproa que ha costado dos billones de pesos; Vicente Fox, “un traidor a la democracia”.
Sobre Felipe Calderón, dijo que convirtió al país en un cementerio y respecto a Enrique Peña Nieto dijo que fue un gobierno de corrupción. De ahí la necesidad de transformar la vida pública.
- Antes de partir rumbo a Tabasco para conmemorar los 500 años de la primera batalla entre españoles e indígenas en Centla, reiteró su decisión de no viajar a aquellos estados donde habrá elecciones en los próximos meses.
- Adelantó que este miércoles estará en Tijuana para analizar con el gabinete de seguridad la situación en la materia en esa ciudad fronteriza y también estará en San Luis Río Colorado.
- López Obrador afirmó que las cuotas por los servicios para la población no derechohabiente que publicó en el Diario Oficial el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), son transitorias, el derecho a la salud debe ser gratuito.
El objetivo del Gobierno de México, dijo el mandatario, es garantizar la atención médica y el derecho a la salud para la población más pobre, para los ciudadanos desprotegidos y más vulnerables, los que nos tiene seguridad social.
Agregó que las autoridades de la Secretaría de Salud (Ssa) ya trabajan en el tema para unificar los servicios médicos nacionales y estatales, y así brindar atención a la población abierta en las 20 mil clínicas que tiene en el territorio nacional el IMSS y en los hospitales de segundo nivel.
El Ejecutivo reconoció que está consciente que los servicios de salud pública están mal en el país, la atención a los derechohabientes no es la mejor, situación que ya se analiza, puesto que el derecho a la salud gratuita es letra muerta y se necesita modernizar y adecuar el sistema.
La Secretaría de Salud tendrá tres áreas: una de reglamentación con las campañas de vacunación, otra con la coordinación de todas las instituciones de salud incluidos ISSSTE e IMSS, y la tercera que se creará para sustituir el Seguro Popular.