En el artículo 41 de la Constitución Federal se establece el cómo y cuánto dinero público se destinará cada año para el financiamiento de los partidos políticos, los rubros que establecen las ministraciones de dinero son: actividades ordinarias, actividades especificas y en procesos electorales para la obtención del voto.
Los partidos políticos también pueden acceder al financiamiento privado, cuyo origen son las aportaciones de militantes y simpatizantes, sin que el monto pueda rebasar el financiamiento público.
Ahora bien, la cantidad a asignar para el sostenimiento de un partido político según la Constitución Federal, para las actividades permanentes anuales, resulta de multiplicar el número total de ciudadanos inscritos en el padrón electoral (no los que acudieron a votar) por el 65 por ciento del valor diario de la Unidad de Medida y Actualización. Del resultado de esa operación, un 30 por ciento se distribuye en partes iguales entre todos los partidos y el 70 por ciento restante se asigna de conformidad con el porcentaje de votos obtenidos en la elección de diputados inmediata anterior.
De lo anterior advertimos que los recursos para los partidos políticos se incrementan conforme existan más registros de la ciudadanía en el padrón electoral, lo que no significa forzosamente que obtengan más dinero solo por los votos obtenidos, aunque si es parte de la distribución.
Lo relevante del tema es que, los partidos políticos de acuerdo con la ley son entidades de interés público y su finalidad primordial es promover la participación del pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de los órganos de representación política y al ser organizaciones de ciudadanos, posibilitar que éstos accedan al ejercicio del poder. Es decir, los partidos deben invertir los dineros públicos en cumplir este mandato constitucional.
La realidad es un tanto distinta, los partidos políticos invierten la mayor parte de sus recursos en sus gastos ordinarios: nóminas, viáticos, inmuebles, rentas, vehículos, en algunos nada defendibles casos, helicópteros. Esto es, los porcentajes para actividades de empoderamiento de mujeres y jóvenes son en porcentajes de un solo dígito y eso porque la ley obliga.
Ante este tipo de escenarios en el destino de los dineros públicos que hacen los partidos políticos es que desde la Cámara de Diputados se ha presentado la iniciativa para reducir en un 50 por ciento el recurso que se les destina.
Las justificaciones al respecto son varias, pero una de las más importantes es que, a pesar del recurso, ello no se traduce en una mayor confianza del electorado por los partidos políticos, tampoco que la ciudadanía participe más en los procesos electorales y además no ha significado una democracia de mejor calidad.
De lo anterior podemos destacar que, si ese es el sentir de la ciudadanía, los partidos políticos no se están avocando a eso que por ley les corresponde: la participación del pueblo y la promoción de la vida democrática. Se debe sumar a lo anterior la mala fama que han tenido algunos integrantes de las dirigencias nacionales.
Por lo que, cazando la oportunidad, el partido que ahora cuenta con las mayorías pretende una reforma constitucional para disminuir los recursos públicos a los institutos políticos, hasta por la mitad de lo que reciben actualmente, pues en la redacción del artículo 41 constitucional se prevé que en lugar del 65 por ciento ahora sería del 32.5 por ciento del valor unitario de la UMA.
De ser así, quizá los partidos políticos podrían preocuparse por buscar incrementar su número de votación para que del porcentaje que se les reparte basado en votos obtengan un mayor beneficio en recursos.
No se debe dejar de lado que, la redacción actual del precepto constitucional referido también tiene una lógica totalmente defendible: que los partidos políticos no obtengan mayor recurso privado, lo cual es ilegal, pero, además que ese dinero tenga un origen lícito.
La discusión será amplia y hay razones de peso por mantener los porcentajes como están y también hay justificación por reducirlos, el gran tema será si se logra la votación de la mayoría calificada que se requiere para una reforma constitucional. Veremos en febrero de 2021.