Esta semana se llevan a cabo las consultas que desembocarán en la conformación de la Guardia Nacional a partir de su presumible aprobación en un periodo legislativo extraordinario en días subsecuentes. Organizaciones de la sociedad civil, defensores de derechos humanos, víctimas, especialistas y autoridades tienen mucho que decir desde sus respectivos enfoques.
Colectivos integrados por un variopinto abanico de organizaciones y personajes que conforman #SeguridadSinGuerra y la Red por los Derechos de la Infancia en México –REDIM-, entre otras muchas, demandan que estas audiencias se lleven a cabo sin simulaciones, en forma abierta. Además de plantear un sinfín de interrogantes, subrayan como inadmisible la conformación de la Guardia Nacional, misma que en el papel no existe, y para cuya integración se convocó a 50 mil jóvenes.
En el Balance Anual 2018, dado a conocer en días pasados por la REDIM, destacan tragedias humanas imposibles de soslayar ante el clima de violencia que ha prevalecido en México desde hace 12 años; y, que sin haber sido en el pasado su responsabilidad, hoy representa un reto titánico para el gobierno encabezado por el presidente Andrés Manuel López Obrador.
La REDIM, dirigida por Juan Martín García, en la Conferencia Nacional por los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, hizo un llamado urgente a López Obrador a poner por delante el interés superior de la niñez y detener la intención de integrar a la Guardia Nacional.
Subraya que un aproximado de 14 mil niños, niñas y jóvenes fueron asesinados de 2007 al 2017 por violencia; en estos mismos 10 años aproximadamente siete mil se encuentran en condición de desaparecidos. De estos al menos 4 mil 980 niños, niñas y adolescentes desaparecieron en el sexenio del presidente Enrique Peña Nieto, según los datos oficiales,
“Cuando pensamos en la desaparición en este país de 37 mil personas –de acuerdo al registro oficial–, seguimos pensando en adultos. Incluso en varones adultos-”. Pero se pasa por alto que casi siete mil son niños, niñas y adolescentes. “Si nos ubicamos en los rangos de edad de 15 a 17 años, ocho de cada 10 son mujeres adolescentes”, dijo el Director Ejecutivo de la Redim.
Motivo por el cual, modificar la Constitución, convertirá a México en un régimen militar con una estrategia fallida similar a la impuesta por Felipe Calderón y Peña Nieto.
A su vez, #SeguridadSinGuerra, en su más reciente pronunciamiento, recuerda que a finales de 2017 y 2018, organismos nacionales e internacionales, organizaciones de derechos humanos, víctimas de la violencia, especialistas en temas de seguridad, la ciudadanía, preocupados por la escalada de violencia generada por la guerra entre el crimen organizado y las fuerzas del orden dieron una batalla que derivó en que la Suprema Corte de Justicia de la Nación –SCJN-, anulase por inconstitucional a la Ley de Seguridad Interior impulsada por el expresidente Peña Nieto.
Desde la óptica de las más de 300 organizaciones de sociedad civil que integran este colectivo, pareciera que en el presente, este episodio se reedita con la pretensión de integrar a la Guardia Nacional, a la que consideran un plan de militarización de la seguridad pública y la procuración de justicia. Es un esfuerzo carente de una estrategia que contribuya a la pacificación, respeto a los derechos humanos por parte de las fuerzas del orden y a la localización de personas desaparecidas.
#SeguridadSinGuerra plantea al Congreso de la Unión, de mayoría morenista, a incorporar una serie de propuestas metodológicas en las audiencias públicas previas a la votación en el pleno de la reforma constitucional.
Tal es el caso de la aplicación de un cuestionario que permita dilucidar y transparentar la estrategia contra la inseguridad, las funciones y facultades que tendría la Guardia Nacional, si serán permanentes o transitorias; sus alcances en el corto y mediano plazo.
Plantea la integración de un Comité Ciudadano de Acompañamiento –CCA– en las audiencias públicas, que elabore relatorías y un diagnóstico que debe ser incorporado al dictamen final que pasará a la Comisión de Puntos Constitucionales, previo a su análisis y votación en el pleno legislativo.
Que este CCA pueda realizar cuestionamientos a los ponentes en las audiencias para desahogar o incorporar inquietudes de la sociedad civil. Y en especial que se convoque a las audiencias a los colectivos de víctimas y familias que han padecido excesos de las Fuerzas Armadas y/o se encuentran en la búsqueda de sus personas queridas.
La exigencia es que el Congreso de la Unión se constituya como un Parlamento Abierto, una muestra de que quienes gozan de la mayoría legislativa tienen un enfoque diferente en la construcción del andamiaje legal. Es tiempo de que el Poder Legislativo contribuya a la consolidación de la paz y no sea ventanilla de trámites, nos dicen los activistas.
Por el interés superior de la infancia y la juventud; por los niños, las niñas, los jóvenes, las personas, por la vida, es tiempo de escuchar y actuar.