“Tengo perdida en algún lado, como en el espacio,
la cantidad de tiempo que he pasado aquí.
A lo mejor algún día me va a caer el veinte, y
realmente voy a entender cuánto tiempo fue,
pero espero que cuando llegue ese día,
yo ya no esté aquí”.
Daniel García Rodríguez
El 25 de febrero de 2002, Daniel García Rodríguez fue interceptado por dos sujetos. Lo subieron a un vehículo y lo llevaron a la Subprocuraduría de Justicia de Tlalnepantla, en el Estado de México. Debía declarar sobre la investigación de un homicidio.
Luego de 14 horas de detención sin una orden judicial de por medio y de permanecer incomunicado, le notificaron que estaría bajo arraigo por 30 días. Lo acusaban del asesinato de la regidora María de los Ángeles Tamez.
García Rodríguez era secretario particular del alcalde de Atizapán, Antonio Domínguez, quien tenía diferencias con la regidora del PAN.
Ocho meses después, el 25 de octubre, Reyes Alpízar Ortiz fue capturado cuando esperaba el autobús que lo llevaría de regreso a su casa. Se le trasladó a la Subprocuraduría de Tlalnepantla. También se le arraigó.
Víctima de tortura física y psicológica, fue obligado a firmar una declaración en la que señalaba que acompañó al autor material del homicidio, una persona de nombre Jaime Martínez Franco, quien recibía indicaciones de Daniel García, el autor intelectual del crimen de la regidora.
Aunque el alcalde Antonio Domínguez también fue aprehendido, corrió con mejor suerte. Permaneció tres años y medio en el Penal de Barrientos en Tlalnepantla y salió con un amparo que lo exoneró.
La defensa de Daniel García interpuso el mismo recurso. Tardaron en responderle que su firma no correspondía y que el amparo no procedía. A pesar de que agotaron todas las instancias nacionales para demostrar las irregularidades del proceso: que fue capturado sin orden judicial, que estuvo incomunicado y se le torturó física y psicológicamente, a la fecha, siguen sin recibir una sentencia.
La familia recurrió a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Finalmente, el Grupo de Detenciones Arbitrarias de la ONU recomendó al Estado Mexicano ordenar la inmediata libertad de Daniel García y de Reyes Alpízar.
En la Opinión 66/2017 determinó que su detención fue arbitraria. Ante esto, el colectivo Pena sin culpa exigió al Gobierno Federal, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y al gobierno del Estado de México, acatar la determinación.
A su vez, la CIDH, mediante el Informe de Admisibilidad 68/2017, sometió al Estado Mexicano a un procedimiento internacional para determinar la violación a los derechos humanos por esta detención que se ha prolongado más de tres lustros; la falta de investigación y sanción a la tortura y las violaciones al debido proceso.
A pesar de que el gobierno mexicano tenía cuatro meses para acatar el fallo que se venció a finales de noviembre del año pasado, esto no ocurrió.
Daniel García Rodríguez tenía 37 años al momento de su detención. Hoy es un hombre de 53 años al que privaron de todo proyecto de vida.
Su caso es un claro ejemplo de la crisis en el sistema de procuración y administración de justicia que tomaba a la confesión como reina de todas las pruebas, a pesar de que éstas se obtuvieran bajo tortura.
Se trata de un caso representativo de la ausencia del Estado de Derecho, de violaciones continuas y reiteradas a las garantías del debido proceso, del uso generalizado de la prisión preventiva, de la persistencia de prácticas como el arraigo o la tortura, que no han sido desterradas a pesar de la puesta en marcha del Nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio.
Tras más de 6 mil días de #PenaSinCulpa, este caso ha hecho que México imponga un récord mundial de detención sin sentencia. Es indispensable que además de la libertad inmediata para Daniel García Rodríguez, el Estado Mexicano le debe ofrecer una disculpa pública y garantizarle la reparación del daño. Esto no debe prolongarse #NiUnDíaMás.