Por Jorge Federico Márquez Muñoz
El resultado de las elecciones del pasado 1 de julio y las decisiones que comienzan a delinearse en torno a las políticas del Ejecutivo Federal, marcan un nuevo rumbo para el país. No es un simple cambio de gobierno. El sistema anterior era esencialmente tripartidista y había comenzado a modificarse hace tres años, con la irrupción de un nuevo partido, Morena. En las elecciones de 2015, 2016 y 2017 pareció confirmarse que tendríamos dos partidos grandes, dos medianos de izquierda y algunos más pequeños.
Pero todo esto es historia. López Obrador, su partido y sus aliados, arrasaron en 2018. El PAN y el PRI quedaron reducidos a unas cuantas posiciones locales y a una minoría insuficiente para legislar o si quiera, para convertirse en jugadores con veto ante el nuevo gobierno.
Claro está, aún hay 27 gobernadores que no son morenistas y cientos de legisladores locales así como de presidentes municipales de quienes, a partir del 1 de diciembre, serán la oposición.
Sin embargo, López Obrador ha anunciado medidas que terminarán por sofocar a esa oposición. La decisión de tener superdelegados federales en las entidades federativas, de mudar algunas partes del gobierno federal a los estados y, sobre todo, el hecho de que Morena diseñará el presupuesto a su antojo gracias a su mayoría en el Congreso, no deja ninguna duda: los gobernadores serán o parte del régimen lopezobradorista o quedarán excluidos del sistema. Quizás algunos pocos logren ser opositores y relevantes al mismo tiempo, pero en general, esta combinación parece difícil.
Además, el anuncio de algunos miembros del equipo de López Obrador de que se buscará la reducción a la mitad de las prerrogativas de los partidos políticos, dejará a estas organizaciones al borde de la extinción. Y finalmente, la reducción de los salarios en el Legislativo y el hecho de que, Morena y sus aliados podrán asignarse todas las comisiones tanto de la Cámara Alta como de la de Diputados, reducirá considerablemente las fuentes de ingreso a los líderes de la oposición.
Muchos críticos acusan que la finalidad oculta de la “austeridad” propuesta por el nuevo gobierno busca terminar con los partidos de oposición.
Pero, cabe preguntarse, ¿vamos a extrañar a las superpoderosas élites de los partidos, a los superpoderosos gobernadores y a los superpoderosos legisladores?
López Obrador va a contracorriente respecto a lo que piensa la clase política de México. Sin embargo, los electores optaron por un outsider, alguien que prometió cambiar de fondo el sistema.
De hecho, según las encuestas postelectorales, a la gente no le interesa si López Obrador respeta a los partidos, ni siquiera al sistema democrático.
¿Quién va a extrañar las carísimas y aburridísimas campañas electorales? Los gastos legales de la democracia son de por sí enormes. Pero la situación es peor. Expertos en monitoreo de campañas han identificado que éstas suelen costar quince veces más que lo legalmente reportado. Los incentivos para los “inversionistas” en campañas se terminarán con la concentración del poder en el Ejecutivo Federal. ¿Para qué financiar a tal o cual candidato de la oposición si ya no controlará más que un raquítico presupuesto?
¿Qué pasaría si todo el dinero, legal y extralegal, se ocupara en infraestructura y promoción de negocios? Además, sin la presión electoral, los programas sociales podrían enfocarse realmente en aliviar la pobreza; sin la presión electoral ya no será necesario desviar tantos millones de pesos del presupuesto público.
La gente quiere cosas que la democracia pluralista no le pudo dar: mejores salarios, mejores servicios de gobierno -especialmente de educación y salud-, reducción de la pobreza, un sistema de justicia que funcione, reducción en los índices de violencia y, sobre todo, una clase política ajena a los excesos.
López Obrador puede sepultar el viejo sistema de partidos y nadie lo va a extrañar. Pero debe cuidar lo que si funciona del antiguo régimen. La estabilidad macroeconómica, el libre comercio y algunos sistemas de información gubernamentales. Y claro está, debe también fortalecer los derechos humanos y los derechos constitucionales. Si lo logra, nadie va a extrañar el breve y costoso periodo de la democracia pluralista de México.
Jorge Federico Márquez Muñoz. Profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, Miembro del Sistema Nacional de Investigadores, Doctor en Ciencia Política, ganador del Reconocimiento Distinción Universidad Nacional para Jóvenes Académicos en el área de Docencia en Ciencias Sociales. (2012) y es autor, entre otros, de los libros: Envidia y Política en la Antigua Grecia, Más allá del Homo Oeconomicus y las Claves de la Gobernabilidad.