Por GERARDO GALARZA
Los políticos demagogos (aquí se respeta la gramática y los primeros es un sustantivo y lo segundo, un adjetivo, aun cuando en el lenguaje común se utilicen como sinónimos y en la práctica lo sean) afirman contundentemente que “el pueblo es sabio”, que “el pueblo no se equivoca” y “el pueblo manda”, aunque sean ellos los obligados a asumir las decisiones obligatorias y propias de sus encargos públicos, obtenidos por el mandato popular.
Recurrir en todo y para todo a consultar a “la sabiduría del pueblo” es un simple parapeto de esos políticos demagogos, de cualquier tendencia política, que utilizan para eso a una entelequia que ellos llaman “pueblo”. Una posición comodina e irresponsable. Sencillo: transfieren la decisión y la responsabilidad de actos de gobierno –su obligación, para ello fueron elegidos– a esa “sabiduría” popular.
Si la medida asumida mediante “consulta” tiene éxito, éste se debe a la “sabiduría” del gobernante que siguió el consejo de “el pueblo”; si el “pueblo” dice no en una “consulta” sobre una decisión específica nunca podrá saberse si fue correcta o no, simplemente nunca se llevó a cabo; no hay fracaso del político medroso ni equivocación de “el pueblo”.
No habrá culpas de nadie. En el peor de los casos ese político demagogo tendrá una justificación: el “pueblo” me lo ordenó. Faltaba más. El “pueblo” es el “pueblo” y más si es bueno.
Este juego es el que está jugando el gobierno federal mexicano que asumirá el poder el próximo 1 de diciembre con respecto a la continuación y terminación del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM), obra iniciada por el gobierno saliente en coparticipación la iniciativa privada con costo total presupuestado en 13 mil millones de dólares (unos 260 mil millones de pesos, de los cuales en marzo pasado ya se habían invertido 140 mil millones de pesos, es decir poco más del 50 por ciento de ese presupuesto).
Es de suponerse que con su cancelación alguien saldrá perdiendo, y no serán precisamente los empresarios, sino el “pueblo” que paga impuestos.
Por lo pronto, ante los contradictorios anuncios desde la campaña de Andrés Manuel López Obrador, quien será el nuevo Presidente de México por decisión de los votantes, y de Javier Jiménez Espriú, quien ha sido propuesto como nuevo secretario de Comunicaciones y Transportes y ¿quién sabe si lo será?, ya se pospusieron cuatro licitaciones públicas para ese proyecto, lo que necesariamente implicará, al menos, retrasos que naturalmente tendrán costos económicos.
Jiménez Espriú es un ingeniero mecánico electricista, que en los años 80 y 90 del siglo pasado siempre fue considerado candidato eterno a rector de la UNAM, miembro del poderoso Grupo de Ingeniería, con un apantallante currículum académico y miembro y directivo de institutos, academias, asociaciones y agrupaciones ingenieriles nacionales e internacionales, y además subsecretario de Comunicaciones y Transportes en el gobierno de Miguel de la Madrid, y subdirector comercial de Pemex y director de la Compañía Mexicana de Aviación, durante el sexenio de Carlos de Salinas de Gortari, debe conocer y tener más que contactos con expertos nacionales y extranjeros en materia de la construcción y operación de un aeropuerto; quizás muchos de ellos participan o participaron ya en la construcción del NAICM, a quienes puede consultar, quienes los pueden asesorar y presentar estudios exhaustivos del porqué sí o el porque no de esa obra y él, a su vez, presentarlos al nuevo Presidente, para que éste cumpliendo con sus obligaciones y responsabilidades constitucionales decida lo mejor.
En lo que no hay discusión es en la estricta vigilancia en la inversión, el gasto y su ampliación, la calidad de las obras y la transparencia en la construcción de ese nuevo aeropuerto. Eso es obligatorio para cualquier gobierno, el saliente y el entrante. Si ha habido corrupción o la hubiera en el futuro, habrá que denunciarlo legalmente y que los responsables sean castigados.
Lo demás es demagogia pura. Mire si no, con un simple ejemplo: ¿por qué no hacer una consulta popular sobre la descentralización del gobierno federal? ¿Tal vez podrían ser 33 consultas o 66: una nacional y otra en cada estado y podrían ser también en la ciudad específica escogida como sede a donde se pretende trasladar las dependencias federales? ¿Qué piensan los habitantes de esas ciudades, de esos estados; qué piensan los actuales burócratas o, en estos casos, no importa?
Es cierto que en el sistema democrático existen figuras de consulta popular como el referéndum o el plebiscito, válidas, legales y legítimas, pero que son utilizadas excepcionalmente para decidir sobre asuntos que interesan y, sobre todo, involucran a toda una comunidad nacional o regional y, por lo regular, sobre temas legislativos o asuntos de vital importancia como la independencia de un país, su constitución, una proceso de paz o al contrario una declaración de guerra, una adhesión a un acuerdo multinacional tan complejos como el de la Unión Europea, mediante métodos estrictos, fundamentados y reglamentados. Son parte de los que los teóricos llaman democracia directa.
Si los gobernantes de cualquier país, –no se alebresten ni se esponjen, no es exclusivo de México— deciden que la resolución de todo asunto público debe ser llevado a consulta popular, ellos salen sobrando. Sobran las elecciones. Simple y sencillamente se contrata a un administrador general y, en el caso de México a 32 gerentes estatales, que efectivamente administren –administrar no es gobernar– lo que presuntamente el “pueblo” decida sobre cada asunto. Podría cada año ponerse tres o cuatro asuntos a consulta popular y santo remedio. Así, nos olvidaríamos de presidentes, gobernadores, legisladores y toda su parafernalia. El administrador del país estaría obligado a tomar las medidas resultantes de cada consulta popular. ¡Hay que imaginar los costos económicos… y los políticos! También la logística.
Pero más allá de cualquier argumento o de cualquier ironía, los políticos demagogos, es decir casi todos, deberían de estar conscientes de que efectivamente el “pueblo no se equivoca” y por lo tanto nunca será responsable de sus equivocaciones, de sus errores.
Ustedes lectores disculparán las exageraciones, pero es verdad que históricamente nunca el pueblo alemán ha sido culpable de encumbramiento de Hitler, ni el pueblo italiano de Mussolini, ni el pueblo español de Franco, ni el pueblo ruso de Stalin, ni el pueblo cubano de Castro, ni el pueblo venezolano de Chávez… Los errores, las culpas, las atrocidades siempre han sido responsabilidad de individuos. Los políticos, todos, aquí los mexicanos, deberían entenderlo.