Cuarenta y nueve políticos que buscaban ser electos por sus conciudadanos fueron asesinados durante la campaña.
Desde el magnicidio de Colosio, en marzo de 1994, pensamos que las balas ya estaban fuera de las contiendas políticas, pero no. Los gobiernos de Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto fallaron en darle seguridad a los mexicanos.
En Tamaulipas, hace más de seis años, un candidato a gobernador, del PRI, fue asesinado. Los grupos de la delincuencia organizada daban un claro mensaje: no solo se meterían a la política para pagar campañas, también eliminaría a quienes no pactaran con ellos.
Así, 49 políticos que buscaban ser electos a cargos de elección popular, la mayoría a en el ámbito local, fueron abatidos por los sicarios de la delincuencia organizada.
Las víctimas se por igual, panistas, morenistas y perredistas o priistas, de cualquier partido, no importa, fueron vidas cegadas por el poder fático de la delincuencia que co-gobierna México.
El gobierno de Enrique Peña Nieto, ausente en los últimos meses, mal administró al país durante cinco años, pero desde el inicio de las campañas, de plano soltó el arpa.
La clase política había estado libre de los ataques de la delincuencia organizada. Pero hoy, los criminales determinan candidatos, sacan de la contienda a quienes no les conviene, incluso con balas de por medio.
Esta es una de las mayores deudas que tiene el gobierno del centro derechista Peña Nieto, la de no proteger ni siquiera a los que pertenecen a la clase gobernante del país.
Hace meses, en estas líneas, hablábamos de la política del miedo que sería inducida desde la cúpula del poder si los candidatos oficialistas no avanzaban en las encuestas.
Hoy es palpable que la estrategia se les salió de las manos y los criminales se envalentonaron y tomaron la palabra a quienes hicieron de la violencia un discurso para atacar al adversario.
El político que le apostó a la violencia, a la confrontación y al miedo para hacer crecer a su candidato tiene nombre, apellido y es claramente identificable: Enrique Ochoa Reza.
El exdirector de la CFE, el mismo que se otorgó una liquidación ilegal cuando renunció al cargo para convertirse en presidente del CEN del PRI promovió el odio y dejó a la clase política a expensas de los criminales. Su discurso sirvió de aliciente para que los criminales actuaran con toda impunidad.
Eso sucede cuando un improvisado e incompetente llega a un cargo de importancia para la vida pública. Las bravuconadas de Ochoa alimentaron la sed de sangre del poder criminal para imponer su voluntad en municipios y distritos. Él, Ochoa, será diputado. Su legado es de sangre y muerte.