Por Berenice Vásquez
México. Como una oportunidad para alcanzar la verdad, tomaron los padres de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa la resolución inapelable de un tribunal colegiado federal, que ordenó reponer la investigación del caso Iguala, así como crear una comisión investigadora especial.
Ante ello, las madres y padres de los normalistas exigieron al presidente Enrique Peña Nieto “una declaración de voluntad política que exprese su compromiso con la sentencia”, antes de que termine su mandato. Así lo dijo Mario César González.
Por su parte, Mario González, director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, acusó que las investigaciones han tenido un sesgo desde la presentación de la mal llamada “verdad histórica”.
Durante una conferencia de prensa, la señora María Elena Guerrero sentenció: “Lo dijo el GIEI y lo corrieron, lo dijo la ONU y los maltrataron, ahora lo dice un tribunal mexicano con valentía: la teoría del basurero está sepultada”.
Cabe señalar que con dicha resolución los magistrados intentan construir una medida adicional, una medida alternativa, no le quitan a la PGR la potestad de seguir investigando. Sin embargo, sí establece una serie de controles internos para dotar a la investigación de condiciones de dependencia e imparcialidad. Es decir, la presencia de las víctimas y sus representantes, de la CNDH e incluso organismos internacionales.
En el último rubro, existe una recomendación explícita que establece la posible integración de los expertos del GIEI.
Así mismo, se aclaró que a pesar de que existen presunciones de tortura en un grupo de acusados -tal y como lo constató en su momento Naciones Unidas-, los magistrados no ordenaron su liberación, sino la reposición del procedimiento, que incluya estudios de instituciones independientes. Un vez realizado esto se podría resolver la situación de los presuntos responsables.
Empero para implementar la ‘comisión especial’ es necesario que Peña Nieto reconozca el resolutivo del tribunal colegio; ya que por su parte, la PGR señaló que no comparte el criterio de los magistrados.
Ante ello, los defensores legales de los padres de los normalistas destacaron que “de acuerdo al artículo 84 de la Ley de Amparo, se está frente a un recurso de revisión, que en principio es inatacable su contenido y si el gobierno no cumple se podrían incluso habilitar delitos vinculados con el desacato judicial y contra la administración de la justicia”.
No cabe duda que esta medida llega en un momento político sumamente importante, dado el proceso electoral que se tiene en puerta. Así lo destacó Mario Patrón: “Los padres han visto con buenos ojos las posturas de los candidatos Ricardo Anaya y Andrés Manuel López Obrador, quienes se han manifestado expresamente por comisiones. Es por esto que hacen un llamado a los candidatos para que expresen su voluntad política alrededor de dicha sentencia”.
Finalmente, se reiteró que la posible liberación de los presuntos que participaron en hechos por violación al debido proceso es producto de deficiencias de la PGR y puede afectar su derecho a la verdad, por lo que pidieron que esa instancia adopte medidas para que no se pierda la información que esas personas pueden tener.