El lunes fue clausurado el último período ordinario de sesiones de la 63 Legislatura.
Senadores y diputados lo volvieron hacer, dejaron incompleta su tarea legislativa.
Según ellos fueron junto con la 62 Legislatura, las más productivas de los últimos 60 años. Pero también la que dejó pendientes muy importantes sobre todo en el tema anticorrupción.
En el limbo quedaron los nombramientos del Fiscal General de la República y el Fiscal Anticorrupción Autónomo Independiente, así como la eliminación del fuero constitucional, aprobado ya en diputados.
Desde hace más de cuatro años, cuando se creó la Fiscalía Anticorrupción, el Senado debió nombrar al Fiscal. Pero no fue, ni ha sido así. Aunque dijeron, una y otra vez, que iban con todo contra la corrupción, no hay signos de voluntad política para hacerlo.
El 18 de julio del año pasado, venció el plazo establecido en la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción para el nombramiento del titular de la Fiscalía Especializada de Combate a la Corrupción, pero una vez más, una fecha fatal no les importó a los legisladores. Total, no es la primera vez que ignoran una fecha que ellos mismos se imponen.
Los partidos no se pusieron de acuerdo, cada quien vela por sus intereses y en tiempos electorales nadie se atreve, ni arriesga votos. No hay compromiso con los ciudadanos, cada periodo, legislan lo que les interesa a ellos y a sus cúpulas partidistas, ni más ni menos
También quedaron pendientes los 18 magistrados del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Hace más de un año, el presidente Enrique Peña Nieto envió las designaciones para que fueran aprobadas o rechazadas, pero los legisladores ni siquiera las dictaminaron.
En la ceremonia de clausura, el coordinador del PRI en el Senado, Emilio Gamboa, dijo que trabajará para que en un periodo extraordinario se apruebe la minuta que enviaron los diputados sobre la eliminación del fuero. Figura legal tan apreciada entre la clase política y que permitiría a los servidores públicos ser sujetos de juicio político
El Presidente de la República, secretarios de Estado, gobernadores, diputados, senadores, ministros, magistrados, legisladores locales, alcaldes, regidores y concejales, podrían ser procesados penalmente bajo los principios, derechos y garantías procesales previstos por la Constitución para cualquier mexicano. Pero tampoco quisieron.
¿Usted creía que de verdad estaban comprometidos con este tema los legisladores? Yo tampoco.
Son muchas las iniciativas que hicieron a un lado, tanto en Diputados como en el Senado, por incómodas, porque les quitan recursos o porque no dejan votos y viene la elección más grande de la historia el primero de julio.
Son pocos los legisladores que trabajan pensando en la ciudadanía, la mayoría, como le digo, solo legislan para beneficio personal o de partido. Y a pesar de este distorsionado hábito, nuestros diputados y senadores son de los que menos trabajan, pero cobran más, de todo el mundo.
Solo hay dos periodos de sesiones al año. Su jornada anual ordinaria es del uno de febrero al 30 de abril y del uno de septiembre al 15 de diciembre. Son 195 días al año, aunque las sesiones para senadores son únicamente martes y jueves y a los diputados hay que agregarles el miércoles.
Además de sus dietas, sus recursos para asistencia legislativa y para atención ciudadana, sus servicios médicos, celulares, vehículos, chóferes y transporte aéreo, entre otros, al día de hoy, ha sido imposible transparentar los recursos que reciben. ¿Será por eso que 8 de cada 10 mexicanos percibe a los legisladores como corruptos o extremadamente corruptos?
No hay transparencia en el manejo de los recursos que se les asignan. Se amplían de manera escandalosa los recursos. Se otorgan bonos y prestaciones que no tienen la obligación de comprobar ni documentar en que lo gastaron ya verá usted el bono que se otorgarán por la conclusión de la legislatura.
Así nuestros diputados y senadores que terminan su último periodo legislativo. Para que indignarnos más, mejor ni pensar en los que llegarán, usted ya conoce algunos nombres.