México carece de un sistema integral de procuración de justicia.
La frase que sí dijo Andrés Manuel López Obrador fue la que da título a esta colaboración, pero la propaganda de sus opositores la cambió por “al Diablo con LAS instituciones”.
Hoy, son otros los que sí mandaron más allá del domicilio del Diablo a LAS instituciones.
Este país se encuentra en una grave crisis institucional. Podemos decir que México carece de un sistema integral de procuración de justicia.
Hoy hay un encargado de despacho que, a decir de los juristas, no cumple con el requisito mínimo de ser reconocido como abogado: tener 10 años en el ejercicio de la profesión. Podrá ser un excelente conocedor del Derecho pero su cédula profesional no acredita la década que exige la Constitución para ser titular de la PGR.
No hay Fiscal Anticorrupción. Y eso no debe extrañarnos cuando los principales señalamientos a la actual administración radican, principalmente, en actos de corrupción. Hace más de seis años, luego del “triunfo” del PRI en 2012, Mauricio Merino, académico comprometido con la transparencia y la rendición de cuentas lo dijo claramente: el Talón de Aquiles de esta administración será la corrupción. Lo vemos un día sí y el otro también.
Ya no hay Fiscal contra Delitos Electorales. Y a pesar de que Santiago Nieto puso al Poder Legislativo en aprietos por su cese, éste prefirió dejarlos colgados de la brocha no sólo a los legisladores, sino a la ciudadanía que pensó que, por fin, había un hombre de leyes dispuesto a dar todo por el llamado Estado de Derecho, nos jugó chueco.
Ya hay dudas si no aguantó la presión, si era parte de plan para exonerar a los involucrados con Odebrecht de este y el anterior sexenio o de plano el peso del Estado lo iba a cargar solito.
Los integrantes del Instituto Nacional Electoral, salvo una o dos consejeros, dejan mucho que desear en su actuación. Sus determinaciones no convencen ni a los que ayudan a salirse con la suya.
¿Alguien cree en el INE luego del desastre que provocaron en el Estado de México y Coahuila? Los consejeros electorales son cómplices de cada acto de gobierno que perjudica a los habitantes de esos estados.
Peor aún, los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Las determinaciones judiciales se dan a favor de quienes a simple vista violentan la ley. Coahuila y Estado de México confirman lo que aquí se escribe. Sentenciaron no un caso electoral sino impusieron una pena a los coahuilenses, de vivir en la incertidumbre de saber quién los gobernará, y a los mexiquenses de darles un gobierno lejano a los intereses de la mayoría.
¿Y qué decir de los senadores, los diputados locales y federales, además de todos los alcaldes? Trabajan para sus partidos y para sus muy particulares intereses. Nunca van por la opción ciudadana simple y sencillamente porque no se creen parte de esa ciudadanía que dicen y presumen representar.
Dirán que las instituciones no son las culpables, sino los hombres que las ocupan.
Hoy, las instituciones mexicanas no le sirven más que a la (sin) clase política. ¿Alguien podría decir lo contrario?