La democracia en México vive uno de sus peores momentos.
En Brasil se han dado señalamientos de que la constructora Odebrecht financió la campaña priísta del 2012.
En México, el fiscal que atiende los delitos electorales ha sido despedido por dar a conocer una carta que le envió Emilio Lozoya, a quien se acusa de recibir los sobornos de Odebrecht, y con ello, poner en riesgo el debido proceso.
La constructora brasileña ha puesto en riesgo la democracia, no sólo la de México, sino la de casi toda América Latina.
Ya hay ex presidentes detenidos por recibir sobornos para sus campañas. También existen investigaciones que ponen en riesgo la libertad de muchos políticos que tuvieron tratos con Marcelo Odebrecht, el financiador de campañas a cambio de contratos para su empresa.
De comprobarse que esa empresa financió parte de la campaña presidencial del mandatario Peña, México estaría dentro de un conflicto político jurídico de grandes dimensiones.
Si el PRI o el equipo de campaña de Enrique Peña recibieron los recursos de Odebrecht, ese partido podría, incluso, perder el registro.
Pero hoy, quien investigaba esos asuntos, ya no tiene trabajo. Y es que Santiago Nieto abrió una puerta que no cualquiera se habría atrevido a quitarle los candados: la de la impunidad electoral.
Cuando se dio como triunfador a Peña y Andrés Manuel López Obrador impugnó los resultados, casi todas las denuncias se enfilaron a la distribución de recursos con las famosas tarjetas Monex.
Pocos sabían. O no tenían todos los elementos, para acusar de financiamiento extranjero en una campaña presidencial.
Hoy no es tan difícil explicar porqué el PRI quiere quitar el financiamiento público a los partidos políticos. Ellos tienen los contactos necesarios para financiar sus campañas a cambio de contratos. Esto, partiendo de que lo de Odebrecht sea tan cierto como ocurrió en otras latitudes del sub continente.
Privatizar la política electoral es una intención que pocos se habrían atrevido a proponer, pero con un presidente (gerente) como Enrique Ochoa en el PRI esto se pudo llevar ante la opinión pública y hacerlo propuesta.
Otro punto tiene que ver con el caso. Raúl Cervantes renunció a la procuraduría y dijo que el caso Odebrecht estaba concluido. Si es así ¿por qué no actuar ya en contra de quien realizó actos de corrupción?
La PGR argumenta que se destituyó a Santiago Nieto para evitar que los probables culpables del caso salieran intactos. ¿Entonces?
La democracia en México vive uno de sus peores momentos. La restauración de régimen autoritario está a la vuelta de la esquina.