Mariana tenía 18 años. Como cualquier otro día, aquel jueves 27 de julio, salió por la mañana de su casa para hacer unas compras: un litro de leche, pan. No debía tardar más de 20 minutos, media hora a lo sumo. Pero no. Su ausencia se prolongó hasta el grado de la desesperación.
Sus padres la reportaron como desaparecida. Desaparecida, sí. ¡Qué término tan abstracto y tan terrible! Significa que no está, que pudo irse por su propia voluntad… pero también que pudo ser sustraída, robada, raptada.
Luego de 24 horas de angustia, el cuerpo de Mariana Joselín Baltierra Valenzuela fue localizado en el segundo piso de un inmueble que tiene una accesoria habilitada como carnicería, en el fraccionamiento Las Américas, de Ecatepec, Estado de México.
La de Mariana es una historia más. Otra de la larga lista que leemos cotidianamente en los diarios o que escuchamos en radio y televisión. Historias de violencia física y sexual que, en muchas ocasiones terminan en la muerte. “Otra niña, otra adolescente asesinada”. Sí, una más.
Hasta julio pasado, el Registro Nacional de Personas Extraviadas y Desaparecidas (RNPED) tenía el reporte de 33 mil 482 casos. De ellos, 6 mil 079 correspondían a niñas, niños y adolescentes, esto es, el 18.2 por ciento del total. Seis de cada 10 casos son de niñas y adolescentes mujeres.
Se trata de un fenómeno que se expande como el cáncer. Cheque, querido lector, esta cifra: el 72.3 por ciento de la niñez y adolescencia desaparecida ha ocurrido en algún año del gobierno de Enrique Peña Nieto. Son 4 mil 394 casos.
Una cifra espeluznante. Más de 4 mil vidas cercenadas. Más de 4 mil sueños frustrados. El año pasado fue uno históricamente trágico en cuestión de desapariciones de niñas, niños y adolescentes. En 2016 se registraron mil 431 casos. Casi una cuarta parte, el 23.5 por ciento del total de desapariciones que reporta el RNPED, ocurrieron en esos 12 meses. Tan solo en lo que va del presente año, las desapariciones de población de 0 a 17 años suman ya 812 casos.
¿Y qué es lo que hacemos como sociedad? Mirar con indiferencia esas estadísticas. Detenernos por segundos en la información de la Alerta Ámber. Esperar, confiados, en que aparecerán. Pero no imaginamos el dolor, la desesperación, la angustia de los padres, los hermanos, de la familia, de los amigos. Nos duele, pero como no nos compete directamente, lo dejamos pasar.
Apenas este jueves 12 de octubre, la Cámara de Diputados aprobó expedir la Ley General en materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas. Una ley de larguísimo nombre, como largo es el camino para encontrar a esas desaparecidas.
“El nuevo ordenamiento establece la distribución de competencias y coordinación entre las autoridades de los distintos órdenes de gobierno, para buscar a las personas desaparecidas y no localizadas y esclarecer los hechos, así como para prevenir, investigar, sancionar y erradicar los delitos en la materia”. ¿Cómo confiar en que eso ocurrirá?
Además, dice la nueva ley, se creará el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas y se buscará “la reparación integral del daño, con lo cual se busca que las víctimas puedan superar los hechos victimizantes y materializar su proyecto de vida”.
¿Cómo se le puede devolver la vida a una niña, a una joven? ¿Cómo se le puede pedir a la familia que “supere los hechos victimizantes”? ¿Cómo pretender que materialicen su “proyecto de vida” cuando lo que les han arrebatado es eso: la vida de una hija, de una hermana, de una amiga?
“México será el primer país con una legislación especializada en esta materia, garantizando los derechos como la verdad, la justicia y la reparación”, puntualizó el diputado Álvaro Ibarra Hinojosa, presidente de la Comisión de Justicia, al fundamentar el dictamen.
Con todo respeto, señores legisladores, no les creo. No les creo porque cuando los medios reportemos otra desaparición, seguramente las cámaras de seguridad que debían captar el momento, estarán descompuestas o viendo hacia otro ángulo.
No les creo tampoco a ustedes, señores de las procuradurías y las fiscalías, que de manera infame adjudicarán la desaparición a que “era de noche”, “a que estaba sola en una hora inapropiada” o a que “usaba minifalda”. ¿Cómo se le ocurre vestirse así, salir sola y a deshoras? Ellas y sus familias son los culpables de la tragedia.
¿Cómo exigir justicia en un país donde no existe? Las desapariciones, la violencia física y sexual que usualmente acompañan a ese estado y los feminicidios, todos son fenómenos que forman parte de nuestra realidad cotidiana. De nuestra tragedia diaria en el país de la corrupción y la impunidad. El de Mariana es un caso más, no exageren. “No es tan grave”. No hasta que no nos alcanza. Hasta que esa Mariana es nuestra hija, hermana, sobrina, amiga. Debemos pugnar para que eso no ocurra más. Ni una más.