Aún no terminaba la fiesta, cuando llegó la resaca. Enardecidos, los priistas seguían con el confeti en la cabeza y los aplausos, luego de escuchar que la batalla decisiva para el país la ganará el PRI en el 2018.
Varios se lo creyeron, otros actuaron con cautela, pero todos aplaudieron la euforia del presidente Enrique Peña Nieto cuando les pidió dar todo por México, preservar la unidad y cerrar filas para salvaguardar el proyecto de país.
Claro, todo ello después de suavizar los estatutos para ampliar su baraja de candidatos ante “la batalla decisiva”, de ponerle un “hasta aquí a los chapulines legislativos”, de abrir espacios para los jóvenes y mujeres, de legislar en gobiernos de coalición y de crear un “código y una comisión de ética”, su talón de Aquiles.
El día del presidente, perdón la XXII Asamblea Nacional Priista, seguía en la palestra, cuando una vez más un “presunto” acto de corrupción les empañó la fiesta.
De nada sirvió anunciar la creación del código y la comisión de ética. Un día después otro escándalo en la administración del presidente Peña Nieto, les quitaba la risa: Odebrecht y las acusaciones de sobornos al ex director de PEMEX, Emilio Lozoya.
Desde luego que no es raro que estos escándalos surjan en tiempos electorales. Pero, aunque el ex funcionario se enoje y se defienda, no podemos darle el beneficio de la duda ante una empresa brasileña especialista en el mundo en actos de corrupción.
Por un lado, sobre delitos que han servido para financiar campañas políticas de presidentes y ex presidentes latinoamericanos. Y por otro, sobre negativas cifras y señalamientos de malos manejos de Emilio Lozoya durante su paso por Petróleos Mexicanos.
Al ex director de PEMEX se le acusa de haber recibido sobornos por 10 millones de dólares de la constructora brasileña Odebrecht. Cuatro millones cuando era integrante del Consejo de Administración de OHL México y participaba en la campaña por la Presidencia de la República de Enrique Peña Nieto y 6 millones cuando fue funcionario del actual gobierno.
¿Quién podría pagar de contado, una casa de 38.1 millones de pesos, semanas previas al inicio de la actual administración? Sí, ¡adivinó!: Emilio Lozoya Austin lo pagó.
Emilio Lozoya, a través de su “fiscal de hierro”, Javier Coello Trejo, se ha defendido y ha anunciado que demandará por daño moral a quienes lo injurian. Quizá lo más curioso es que, según su abogado, no pisará la cárcel.
Y eso no sería nada extraño ante el silencio y la omisión de las autoridades mexicanas, aunque la PGR ya lo haya citado a declarar mañana jueves.
La corrupción será el sello de esta administración a pesar de su incansable simulación de atacarla.
Horas antes, su amigo, el presidente Peña Nieto había celebrado que el PRI discutiera “uno de los mayores retos que enfrentamos: la corrupción y su manifestación más indignante, la impunidad”.
Ese mismo sábado, dijo que eran casos individuales de militantes que se alejaron de los principios priistas y remató: “quienes han traicionado la confianza de la gente y de nuestro partido, deberán enfrentar las consecuencias de sus actos. Y así está sucediendo”.
Según el presidente se ha actuado con firmeza y sin contemplaciones. Pero contra un amigo… quién sabe.
En cuestiones de corrupción, el PRI es enemigo del PRI. Desde hace tiempo debieron poner orden y no han querido hacerlo.
Una vez más, tienen ante sí un escándalo en el que la presunción de inocencia ya no sirve de nada.
Tienen dos opciones: o dar la cara y demostrar que Emilio Lozoya enfrentará las consecuencias de sus actos, en caso de ser culpable. O agregarle una raya más al tigre de la corruptela.
Apenas se abrieron las puertas del PRI para postular amigos y la corrupción se las está cerrando.