Según el Artículo 1º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (que garantiza la no discriminación), las personas con discapacidad tienen los mismos derechos, aunque la realidad se los quite.
Y es que la propia definición de “personas con discapacidad” presenta enormes problemas, el antecedente de este término era “minusvalía”, que fue cambiado rápidamente en el ámbito internacional, por la obvia implicación, pues hacía referencia a que la persona tenía menor valor.
El consenso fue rebautizar a esta condición como “discapacidad”, lo que en realidad nos dice casi lo mismo, pues el prefijo “dis” es una negación, una separación o una distinción y en el peor de los casos se refiere a una anomalía; es decir, desde el nombre estamos negando las capacidades de este sector poblacional, al llamarlos así los estamos anulando y segregando.
Existe una tendencia surgida en España durante el “Foro de Vida Independiente”, que propone cambiar no sólo el término, sino el modelo y llamarlo “diversidad funcional”, lo que resignificaría a la población, reconociendo que la persona funciona de manera distinta o diferente a la mayoría.
De acuerdo con el Censo de Población y Vivienda 2010, realizado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), las personas con discapacidad son un segmento que tiene dificultad o limitación para realizar al menos una de las siete actividades consideradas básicas, tales como caminar o moverse, ver, hablar o comunicarse, escuchar, atender el cuidado personal, poner atención o aprender y limitación mental.
Este documento también señala que la limitante más frecuente entre la población con discapacidad es la movilidad con un 58%; es decir, 3.3 millones de personas. Le siguen las deficiencias para ver en 27.2%, escuchar 12.1%, las mentales en 8.5%, hablar o comunicarse 8.3% y poner atención o aprender 4.4%.
Aquí vale la pena señalar el hecho de que este sector puede presentar más de una discapacidad, (16.5% de esta población reporta que dicha característica es múltiple). En los adultos (que van de los 30 a los 59 años) se presenta en 22% y en la población adulta mayor, que supera los 60 años, aparece en 21.8%.
Según el mismo estudio, de cada 100 personas con discapacidad, 84 reportan tener dificultad en una sola actividad, 11 en 2 y 5 personas en tres o más formas. Para los adultos mayores, la discapacidad múltiple en 2 tipos representa el 8.1% y en 3 o más limitaciones en 6.6%. En cambio, en los niños sólo el 14% presenta más de una discapacidad.
Sin duda, una de las formas de medir la integración social, es el ejercicio pleno de los derechos, pero ¿qué pasa cuando estos aparecen en la ley, pero la sociedad los niega? Uno de los aspectos más claros sería en materia reproductiva, la posibilidad de tener pareja e hijos. El grueso de las mujeres damos por sentado este derecho, pero para los jóvenes (hombres y mujeres) con discapacidad es una meta difícil de alcanzar, pues el 77% de los jóvenes con discapacidad son solteros.
Según el estudio “Las personas con discapacidad en México, una visión al 2010” realizado también por el INEGI, la situación para los adultos no mejora. El 77.2% de los adultos que nacieron con una discapacidad permanecen solteros, cuando ésta es resultante de una enfermedad, 16.5 % no tienen pareja; por un accidente 20% siguen en soltería y por otras causas 16.4%.
Por otro lado, las mujeres adultas mayores y por obvias razones son viudas, ocupan el 45.6%. En contraste los jóvenes y adultos enfrentan la separación o el divorcio como consecuencia de su discapacidad, en un total de 7.3%; cuando la condición es resultado de una enfermedad en 7.9%, por un accidente en 8.5% y por otras causas en 10.6%. Es decir que además de adaptarse a su nueva condición, deben enfrentar el abandono de su pareja, y en la mayoría de los casos el de su familia.
Mientras tanto, las mujeres que van de los 14 a los 29 años de edad y tienen esta condición, no tienen hijos o a lo sumo, tienen uno. La proporción se revierte en las adultas y adultas mayores, pero esto se explica debido a que tuvieron hijos antes de vivir con esta limitación.
Según el Censo de Población y Vivienda 2010, las mujeres con discapacidad que tienen el mayor número de descendientes, superan los 50 años y son aquellas que presentan dificultad para caminar o moverse y tienen deficiencias auditivas, con cinco hijos en promedio. Las mujeres con limitantes visuales 4, y quienes tienen impedimentos en el habla o mentales de 1 a 3.
Así pues, los derechos reproductivos están “protegidos” por numerosas leyes, la Constitución, el Código Penal Federal, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, pero en la realidad a las personas con esta condición se les quita esa posibilidad. La sociedad les niega esos derechos y los separa aún más de decidir sobre sus cuerpos y su futuro, de elegir si quieren vivir o no en pareja o de tener una familia propia, y en estos casos quien toma la decisión es el resto de la población, aquellos sin discapacidad (que entonces, según el término estamos doblemente capacitados) o bien la familia, que es quien les permite tener o no un compañero (a).
Otro indicador a señalar es el costo que tiene la salud en los hogares donde reside una persona con discapacidad. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Ingreso y Gasto de los Hogares 2010, en el país 16.4% de las familias tienen al menos un integrante con esta condición y el costo en materia de salud se duplica. El mayor gasto se presenta en atención primaria o ambulatoria con un 77.2%, medicamentos 16.1% y atención hospitalaria en 6.7%. A esto habría que sumar terapias privadas como rehabilitación física, psicoterapia, cuidadores (as), enfermeros (as) y otros tratamientos.
En esta situación de alta vulnerabilidad hay que resaltar un dato brutal, de acuerdo con el Censo de Población y Vivienda 2010, 34.1% de la población con discapacidad que van de los 6 a los 14 años de edad, no saben leer ni escribir, porcentaje 3 veces mayor al del resto de las personas de la misma edad. Esta información nos muestra las dificultades a las que se enfrentan los niños con discapacidad para tener acceso a la educación. Esto prueba de nueva cuenta cómo a este sector poblacional se le niegan muchos de sus derechos más básicos.
Así pues, en el caso de las personas con discapacidad, habría que preguntarnos ¿Qué los vulnera más? ¿Su condición y las limitantes físicas o mentales que esta conlleva? ¿O el no verlos como iguales, el impedimento social que los segrega y no les permite ejercer sus derechos, tomando sus propias decisiones? ¿O que al día de hoy sean ciudadanos relegados por el resto de la población que los ve como un segmento con capacidades disminuidas?
Georgina Juárez Lledias. Colaboró en el suplemento cultural “El Búho”, publicado en el diario Excélsior y dirigido por René Avilés Fabila. Además, habitual colaboradora de suplementos culturales en Milenio Diario. Autora del libro digital “Alerta Femenina”, encaminado a difundir los derechos de las mujeres ante las distintas formas de violencia.