“A Miroslava la mataron por lengua larga. Que nos maten a todos, si esa es la condena de muerte por reportear este infierno. ¡No al silencio!”, esto escribió Javier Valdez, en su cuenta de Twitter tras conocer del homicidio de Miroslava Breach. Menos de dos meses después, a Javier lo mataron a balazos en Culiacán, Sinaloa, por no callarse, por investigar, por ser de una pieza.
Javier sostenía que “ser periodista es formar parte de una lista negra”, por lo cual consideraba que no importaba si traías o no protección, porque no hay condiciones para hacer periodismo en México, porque las balas pasan cerca. Sus argumentos, para infortunio del gremio, se cumplieron ayer, cuando en esa lista negra alguien subrayó su nombre.
El asesinato de Javier Valdez provoca una zona del silencio, en una región del país que requiere mayor visibilidad: Se trata de un territorio de disputa entre lo que antes fueron grupos afines. Es la fragmentación del Cártel de Sinaloa, del cual se han desprendido tantos grupos del narco en los últimos meses y desde el año pasado están en pugna por demostrar quién controla la mayor parte no sólo de ese estado, sino de otras plazas.
Si matan a las insignias del periodismo, como ocurre en el caso del autor de Los Morros del Narco, asesinan a compañeros sin que nadie esté preso por ello; una célula de La Familia Michoacana intercepta y despoja de sus equipos de trabajo a cinco reporteros en Guerrero, sin que las autoridades lo impidan. ¿Qué debe pensarse ante tanta inacción y falta de un Estado de Derecho? ¿Qué mensaje se envía cuando la Fiscalía de Protección para Periodistas, a 12 años de su desaparición, no encontró al periodista Alfredo Jiménez Mota, una de las primeras víctimas de la Guerra contra el Narco?
Infundir miedo en el resto del gremio y poner a los de lengua larga como ejemplo de que no cuesta nada matarlos, porque nadie irá por los responsables, parece el supuesto más acertado en un país donde la libertad para ejercer el oficio periodístico no parece tener valía para ninguna autoridad.
La omisión de las autoridades es un riesgo porque provoca que la gente en las zonas de conflicto del narcotráfico se quede sin el recurso de la denuncia.
Infundir miedo en los medios regionales solo crea zonas del silencio, y deja a la población más vulnerable.
Mónica Perla Hernández. Durante una década fue catedrática en la Universidad “José Vasconcelos” de Durango. Se ha desempeñado en la cobertura de temas del narcotráfico, en localidades serranas y municipios. Cazadora de historias, apasionada de la investigación. Tiene una ambivalencia: leer a la antigüita y ser consumidora de redes sociales.