En los últimos meses, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) ha sido blanco de cuestionamientos que ponen en duda su confiabilidad y su necesaria autonomía del gobierno federal.
¿Qué es el INEGI y cuál es su importancia? Es el organismo encargado de generar los indicadores, las cifras, de procesar y publicar información de interés nacional. Tiene a su cargo desde datos geográficos, la geodesia, cartografía del territorio nacional, la topografía y su catastro hasta los principales censos económicos, agropecuarios y de población.
Las estadísticas del INEGI son indicadores importantes para la economía, ciencia y tecnología, gobierno, medio ambiente, ocupación y empleo, población, hogares y vivienda, seguridad pública y justicia. Es información que nos deberá de llevar a entender la realidad mexicana.
La calidad de esta información será de utilidad para la toma de decisiones en el diseño, implementación y evaluación de políticas públicas y programas sociales. Quisiéramos pensar que los datos arrojados por el Instituto son un referente obligado para todos los niveles de gobierno, y una herramienta necesaria para gobernar.
En cuanto a la sociedad civil, la información arrojada por el INEGI nos permite participar en los asuntos políticos y monitorear las acciones del Estado, transparentando así la gestión pública. Sin la labor del Instituto, hoy no sabríamos el promedio de escolaridad de los mexicanos, o dónde está concentrada la población, sus edades y su sexo. Va elaborando indicadores y metodologías apegadas a la necesaria objetividad y el rigor científico.
Por lo antes expuesto, es necesario que INEGI opere con una absoluta autonomía, sin intervención de intereses políticos, o gobiernos.
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El 16 de abril del 2008, el INEGI cambia su personalidad jurídica: “adquiriendo autonomía técnica y de gestión. Su nueva denominación es Instituto Nacional de Estadística y Geografía, pero conserva las mismas siglas (INEGI). El objetivo prioritario del INEGI es lograr que el Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica (SNIEG) suministre a la sociedad y al Estado información de calidad, pertinente, veraz y oportuna, a efecto de coadyuvar al desarrollo nacional, bajo los principios de accesibilidad, transparencia, objetividad e independencia”. Este nuevo estatus jurídico del organismo garantizaba su independencia del gobierno, y así la objetividad y confiabilidad de la información generada. Sin embargo, el diseño institucional del organismo no garantiza una plena libertad y autonomía para su gestión. El órgano máximo de decisión es la Junta de Gobierno, la cual se encarga de aprobar programas, elaborar normas técnicas y metodológicas. Está constituida por el presidente y los cuatro vicepresidentes, todos ellos designados por el Ejecutivo y aprobados por el Senado. Actualmente se desempeña como presidente del INEGI Julio Alfonso Santaella Castell, elegido por Enrique Peña Nieto. Aun cuando las credenciales académicas del actual presidente son vastas, no así su perfil profesional. Se había desempeñado como Coordinador Ejecutivo del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilidad y el Desarrollo. Su función como coordinador estaba muy alejada de la experiencia que se requería para dirigir el INEGI. En días pasados fuimos testigos de otro nombramiento que ha causado polémica. Me refiero a la vicepresidencia del INEGI otorgada Paloma Merodio Gómez, quien también fue propuesta por la Presidencia de la Republica. Este nombramiento una vez más pone en entredicho la autonomía del organismo y visibiliza conflictos de interés que ponen en riesgo la credibilidad y la transparencia de la información gestionada por dicha organización. El cambio de personalidad jurídica el INEGI en el 2008, también trajo consigo nuevas atribuciones como normar, coordinar y desarrollar el Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica (SNIEG) Si revisáramos los demás Consejos que constituyen el Consejo Consultivo Nacional, Comité ejecutivo, Comités Técnicos (SNIEG), hay un diseño institucional que permite el predominio de representantes el poder Ejecutivo Federal y no establece la participación de la sociedad civil, la academia o incluso el poder legislativo. Entonces vale la pena preguntarnos: ¿El INEGI es un organismo transparente, confiable? ¿Las métricas usadas son objetivas y exentas de intereses políticos? Tan solo cabe recordar el error metodológico por parte del INEGI en la medición de la pobreza. Este error señalado por el Centro de Estudios Espinosa Yglesias (Ceey) provocó no saber si la pobreza había aumentado o disminuido en México. México está necesitado de instituciones honestas, tranparentes, los ciudadanos debemos de ejercer nuestro Derecho a la información. Por lo tanto, el INEGI debe ser realmente un organismo con capacidad de autonomía en su gestión, se debe de reformar su diseño institucional. Su autonomía y confiabilidad redundarán en el fortalecimiento de políticas públicas y, por tanto, de una gobernabilidad democrática. |
Mayra Rojas es docente en el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores Monterrey (Campus Estado de México), en la Universidad Iberoamericana (Cd. de México). Doctora en Ciencias Sociales y Políticas (Universidad Iberoamericana).