Un acuerdo entre el PRI y el PAN descarriló esta semana el dictamen que establecía la obligatoriedad en estados y municipios de la norma de salud que garantiza el aborto a las mujeres violadas.
Esta nueva historia de retroceso a cargo de la aplanadora parlamentaria masculina ocurrió en la Cámara de Diputados.
Porque hoy las parlamentarias constituyen el 42.4% del pleno y ocupan 212 de las 500 curules. Pero ese ominoso capítulo demuestra que no basta con ser muchas.
Hace una semana, en contraste, decenas de legisladoras de todos los partidos –con excepción del PAN—se rebelaron en contra de la imposición de los jefes de las bancadas que resolvieron sacar el dictamen de la agenda de la sesión del 9 de marzo.
Pero los ímpetus de autonomía y defensa de los derechos de las mujeres se diluyeron a la vuelta de los días.
El caso podría resultar anecdótico, insulso, porque en realidad la ley en cuestión lo único que busca es garantizar que la Norma Oficial Mexicana 046 se aplicara en los servicios médicos locales. Y esto en sí puede promoverse a través de otros instrumentos como la Ley de Víctimas, al tiempo que el Código Federal Penal establece la legalidad de la interrupción del embarazo cuando es producto de una violación sexual.
Sin embargo, la gravedad de lo sucedido radica en el hecho de que un dictamen elaborado, definido, resuelto y votado en la Comisión de Igualdad de Género al final no tuvo validez ni futuro en el pleno.
Y lo peor: la simulación de todos.
Porque la toma de tribuna por parte de las diputadas el pasado jueves, un día después de la efeméride del Día de la Mujer, concluyó con el compromiso de que el proyecto de ley en cuestión se sometería a votación el martes 14 de marzo.
La oferta fue una finta. En realidad sólo se buscaba ganar tiempo para frenar el dictamen original. Para ello existen vías diversas: aligerar su contenido, neutralizarlo con otros ordenamientos o simplemente dejarlo en la congeladora.
Así que llegado el día prometido, el martes de esta semana, antes de la sesión, la ex dirigente nacional del PAN y diputada federal, Cecilia Romero, festejó que su fracción había logrado un cambio de fondo.
“La Norma 046 es un tema de política pública que se trata en la Secretaría de salud, en el sector salud”, definió la panista al argumentar por qué el Congreso no podía obligar a los gobiernos locales a llevarla a cabo.
Anunció que con modificación pactada se eliminaría la mención específica a la NOM 046 en la ley, “porque esa es la aberración jurídica”.
Consecuentemente, el dictamen diría que estados y municipios deberán conducirse respetando su marco jurídico en la materia.
Pero, ojo, en al menos dos decenas de entidades, sus respectivas constituciones son contrarias a cualquier modalidad de interrupción del embarazo bajo la premisa de que la vida debe respetarse desde la concepción.
Lo anterior, diría la diputada federal del PRD, Cecilia Soto, es entendido como el momento “en que el espermatozoide le guiña el ojo al óvulo”.
Defensora de esa visión, la diputada Romero asumió así la victoria política del PAN. Y cómo no hacerlo si la coordinación priista a cargo de César Camacho determinó respaldar esa perspectiva.
“Seguiremos trabajando a favor de la mujer, del derecho a la vida, del no nacido”, declaró la panista.
Al conocer los cambios que a sus espaldas se hicieron, algunas diputadas de la Comisión de Igualdad de Género pidieron tiempo para volver al dictamen original, porque el ajuste acordado entre el PRI y el PAN deja las cosas como están.
La diputada Soto consideró necesario encontrar un justo medio.
Explicó la perredista que según investigaciones de organizaciones no gubernamentales, en 200 casos de violación que derivaron en embarazo, sólo hubo 12 órdenes de las procuradurías locales aprobando la legalidad de interrumpirlo.
“La autoridad, especialmente en estados panistas, obstaculiza la interrupción legal del embarazo. Y esto no puede seguir así porque hay, en promedio anual, 11 mil niñas menores de 12 años que son violadas en el país, y estas niñas resultan embarazadas”, ejemplificó Cecilia Soto.
La también ex candidata presidencial por el Partido del Trabajo en 1994 reclamó: “Es una cuestión criminal, es una cuestión de tener piedad y compasión por estas niñas”.
La diputada Cristina Gaytán, también del PRD, llamó a los coordinadores de los grupos parlamentarios a no colocar en la mesa de las negociaciones los derechos de las mujeres como moneda de cambio para aprobar otras leyes como las de seguridad.
Sin embargo, todo parece indicar que este jueves 16 de marzo tampoco habrá avances ni buenas noticias para las mujeres.
Porque de última hora se revivió un dictamen pendiente del Partido Encuentro Social (PES) para elevar a rango de ley la llamada “objeción de conciencia” para que los médicos se excusen de practicar el aborto a una mujer embarazada por violación.
Si bien ese derecho está previsto en la NOM046, la posibilidad de que se regule en un ordenamiento legal implicaría darle mayores instrumentos al movimiento antiabortista.
Se trata de una estratagema que busca colocar entre la espada y la pared a las diputadas que hace una semana se sublevaron y obligarlas a desistir.
Frente a este escenario, es muy probable que la congeladora entre en acción y termine enfriando los ánimos feministas de una Cámara de Diputados donde la paridad todavía no logra traducirse en poder.