Juego de constituyentes Morenos con los de la “mafia del poder”.
Tres meses y medio después, todo había cambiado. El reloj electrónico del salón de plenos del antiguo Senado de la República marcaba casi las 11 de la noche, del viernes 21 de enero, cuando el diputado del PRI y presidente de la Comisión de Poder Judicial, además miembro designado por Enrique Peña Nieto como Constituyente, Manuel Díaz Infante, se acercó a la curul de la morenista Elvira Daniel para decirle con voz suave: “¡Linda, no te preocupes, mira cómo estamos votando!”.
Efectivamente, el voto priísta de los designados por el presidente de la República y de los miembros de “la mafia del poder”, como los definen algunos diputados constituyentes de Morena (que merecen todo mi respeto), emitía su voto en apoyo a la reserva la diputada Daniel para pedir se retirara la atribución de juicio político del artículo 53, inciso H, de la Constitución de la Ciudad de México, propuesto para la Comisión de Derechos Humanos del DF.
Enmudecí. Lo primero que pensé fue que el líder nacional de MORENA, Andrés Manuel López Obrador, jamás negociaría con sus acérrimos contrincantes y mucho menos se sentaría con ellos para restarle atribuciones a una Comisión de Derechos Humanos que si bien resulta onerosa para las funciones “morales” que tiene, sí representa una “piedrita” en el zapato para los funcionarios al emitir recomendaciones sobre violaciones a diversos derechos.
Recordé, mientras seguía la votación que ayudaba a Elvira Daniel a lograr su objetivo, que cuando se instaló la Asamblea Constituyente el 15 de septiembre de 2016, los diputados de MORENA llegaron con un discurso anti-negociador, anti-acuerdos y amenazador de que jamás tratarían con “la mafia del poder”, metiéndonos en el mismo costal a los diputados sin partido. Debo reconocer que los únicos que se han mantenido en esa postura son Irma Sandoval y Jaime Cárdenas, este último incansable en el rechazo a todos los artículos y reservas presentadas por los demás diputados constituyentes, incluso los de su grupo parlamentario.
Al igual que Díaz Infante, también fui a la curul de la diputada Daniel para expresarle que nadie que se diga de izquierda puede estar en contra de que órganos autónomos que defienden los derechos humanos tengan mayores atribuciones. Le dije que el juicio político es garante no sólo de castigo a un mal gobernante, sino también coadyuva a la transparencia cuando los funcionaros que son llevados ante esa figura han incurrido en corrupción y, por lo tanto, deben ser sujetos de desafuero.
Precisamente, me respondió, “acuérdate del desafuero que le hicieron a Andrés Manuel López Obrador: una facultad así generaría una persecución imparable”.
Mi argumento –que no fue escuchado– es que aun cuando la Constitución Federal establece que cualquier ciudadano puede exigir juicio político contra un mal gobernante, es imposible que éste logre su propósito porque ningún diputado o diputada lo recibe, por lo que a través de la Comisión de Derechos Humanos es probable que proceda por la presión que ejerce. Me retiré, no sin antes preguntarle por qué retiraba su reserva en lo más álgido de la discusión que había desatado. La respuesta fue breve: “Me presionó MORENA”.
En los pro y contra de quitarle la atribución de juicio político a la CDHDF, la diputada morenista Mayela Delgadillo subió a tribuna para hablar a favor de ese inciso, al argumentar que la Comisión de Derechos Humanos necesita “dientes” para trabajar y que no sólo emita recomendaciones que a los ciudadanos nos cuestan mucho dinero.
La reserva de la diputada morenista Elvira Daniel sirvió para que el diputado del PAN, Roberto Gil Zuarth, subiera a la tribuna a recitar un discurso sobre lo inconveniente de que la CDHDF tuviera la atribución de iniciar juicio político contra algún gobernante o servidor público. Para él, nada que tenga que ver con rendición de cuentas, corrupción o violaciones a los derechos humanos es válido. ¡Ya lo veremos hablando de desafuero!
Obviamente la otra izquierda, la de los amarillos, también usó la tribuna para defender el tan manoseado inciso H del artículo 53, de la Comisión de Poder Judicial. La coordinadora Dolores Padierna explicó que se trataba sólo de atribuciones para fortalecer a una comisión que, en voz de Katia D’Artigues, está debilitada porque sus funciones se reducen a lo moral y lo moral no es exigible.
Aclaro que todos los que conformamos la Asamblea Constituyente tenemos formas diferentes de pensar y también el mismo derecho a presentar reservas, pero, desde mi punto de vista, a quienes integramos las dos izquierdas (sic) nos corresponde, por convicción, generar derechos, atribuciones e instrumentos para defender a los habitantes de esta Ciudad, ¡no quitarlos!
Elena Chávez. Estudió periodismo en la escuela “Carlos Septién García”. Ha escrito los libros “Ángeles Abandonados” y “Elisa, el diagnóstico final”. Reportera en diversos diarios como Excélsior, Ovaciones, UnomásUno; cubrió diferentes fuentes de información. Servidora Pública en el Gobierno del Distrito Federal y actualmente Diputada Constituyente externa por el PRD.