Sabían de los actos de Duarte y Padrés y no hicieron nada ¿Por qué?
Quienes nacimos en la segunda mitad de los años sesenta, estamos acostumbrados a escuchar a los políticos decir que combatirán con todos los instrumentos de la ley a la corrupción.
Escuchamos de nuestros padres, maestros y personas cercanas que los presidentes de este país eran corruptos. Pero no sólo ellos, también los gobernadores, presidentes municipales, diputados y senadores.
Es más, el señor de la barandilla en la tesorería municipal o quienes atendían en el Seguro Social, los juzgados de cuantía menor, los registros civiles.
Hasta la fecha, el tema sigue siendo el que mantiene la atención en las oficinas, en la casa y en las reuniones de amigos.
Todos nos acordamos de La Colina de Perro. También del Partenón. ¿Qué tal la compra de buques para PEMEX?
Cuando llegó la época de la Renovación Moral de la sociedad, muchos pensaron que los tiempos “del que no transa no avanza” habían terminado. No fue así.
Los siguientes sexenios, el de Miguel de la Madrid por ejemplo, tuvieron también sus casos de corrupción pero pocos han causado la indignación que los cometidos, según las autoridades, por los ex gobernadores Javier Duarte de Veracruz, César Duarte de Chihuahua, Roberto Borge de Quintana Roo o Guillermo Padrés en Sonora.
Ni vale la pena decir de qué partido son los mencionados. Las diferencias no existen para el común de la gente. Son políticos encumbrados y con eso basta.
Por eso llama la atención la declaración de Enrique Ochoa, presidente del CEN del PRI, que se actuó tarde en los casos de Duarte, el jarocho, y de Padrés. Dice el dirigente nacional del tricolor que las denuncias ante las autoridades se conocieron tiempo antes de que se actuara ¿Entonces?
¿Qué permitió que el ex gobernador Padrés pudiera armar una estrategia legal –que no le funcionó en primera instancia– para enfrentar los cargos?
¿Por qué le dieron tanto tiempo a Javier duarte para fugarse?
Ochoa Reza, miembro del círculo más cercano del presidente Peña Nieto (de otra forma no sería el presidente del PRI), admitió que se conocían las actividades ilegales de esos gobernantes y que no se hizo nada.
Por ese motivo es casi imposible creer en la cruzada anticorrupción emprendida desde el PRI. Si su dirigente formal nos dice que actuaron tarde a pesar de saber de las tropelías, entonces ¿Hacia dónde va su lucha contra la corrupción?
Esa declaración deja claro tres cosas:
La primera es que la lucha emprendida desde la sociedad en contra de la corrupción y la impunidad debe redoblarse. No basta la #3de3, sino que debe haber mayor profundidad en las declaraciones patrimoniales, fiscal y de intereses de quienes detentan cargos públicos.
Segundo. El congreso debe tomarse su tiempo para nombrar al Fiscal Anticorrupción. Hay nombres que cubren el perfil para ocupar el cargo pero hay quienes no se ven con la suficiente independencia del poder público para ejercerlo.
Y tercero, los políticos deben entender que la sociedad ya está harta de tanto robo. La corrupción y la impunidad son el caldo de cultivo para que México viva hundido en la pobreza, en medio de la violencia y la delincuencia.
El combate a la corrupción apenas comienza en serio y, como lo dijera muchas veces Mauricio Merino, es una tarea que llevará a varias generaciones para acabar con ese cáncer.