Ante el rebase de la violencia a las autoridades, Preciado propone armarse.
Ojo por ojo. Eso es lo que propuso el senador del PAN, Jorge Luis Preciado, para hacer frente a la delincuencia sin freno que azota al país.
El ex candidato a la gubernatura de Colima argumentó que los delitos han aumentado y que entre enero y agosto de este año se han denunciado 54 mil 156 robos a casa-habitación; 44 mil 450 a negocios, y la sustracción de 105 mil 107 vehículos. Estadísticas que no toman en cuenta la “cifra negra” de los ilícitos no reportados a las autoridades.
Con el fin de dar herramientas a los ciudadanos para hacer frente a esa violencia, el legislador presentó una iniciativa de reformas a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos y al artículo 10º constitucional, que ya establece “el derecho a poseer armas en su domicilio, para su seguridad y legítima defensa”.
El objetivo: ampliar ese derecho para la portación de armas no sólo en el domicilio, sino en negocios mercantiles y vehículos particulares, con excepción de las prohibidas por la ley y reservadas para el uso exclusivo de las Fuerzas Armadas.
Preciado Rodríguez detalló que el proyecto incluye “candados” para quienes soliciten la portación de esas armas, entre ellos, que se sometan a estudios físicos y psicológicos, además de que no cuenten con antecedentes penales.
La polémica iniciativa provocó el inmediato deslinde de sus propios compañeros de bancada. El coordinador de los senadores panistas, Fernando Herrera, aseguró que es obligación del Estado brindar seguridad a todos los mexicanos, por lo que la solución no es armarlos.
El presidente del Consejo Nacional del PRD, Ángel Ávila, advirtió que armar a la población “sólo llevará a una escalada de violencia mayor y los problemas de inseguridad seguirán sin resolverse, y a lo mucho se agravarán”.
Yo coincido. Hasta hace algunos años, en la mayor parte de los delitos violentos cometidos en el país se usaban armas punzocortantes y otros objetos físicos, según la Encuesta Nacional sobre Inseguridad (ENSI) del Inegi. Hoy la situación es muy distinta, pues según esas propias estadísticas oficiales, en el 67.7% de los casos, los delincuentes emplearon armas de fuego.
¿De dónde salieron esas armas? De Estados Unidos, que es el principal mercado armamentístico del mundo. Datos oficiales de la Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de fuego y Explosivos (ATF), revelan que 75% de las armas confiscadas en México provenían de ese país.
La guerra contra el crimen organizado que inició el ex presidente Felipe Calderón, provocó dos fenómenos. El primero, que las organizaciones criminales se armaron para retar y confrontar al Estado. No es casual que a partir de ese sexenio se incrementaran los asesinatos de alcaldes y hasta de candidatos a gobernador, como Rodolfo Torre Cantú, de Tamaulipas, en 2010.
De hecho, la escalada de violencia provocó “daños colaterales”; es decir, la muerte de civiles inocentes en fuego cruzado, o el ataque directo a ciudadanos como en el caso del Casino Royale de Nuevo León, en 2011.
El segundo fenómeno fue que en aras de defender sus territorios, los cárteles adquirieron mayor armamento y contrataron a sicarios. Esto hizo que jóvenes de escasa instrucción escolar tuvieran acceso a armas y que las usaran indiscriminadamente, lo que generó una ola de violencia.
Además, se registró un fenómeno paralelo. La delincuencia organizada dejó de ver al tráfico de drogas como su única fuente de ingresos y comenzó a expandir sus actividades a otros ilícitos como las extorsiones, los secuestros y los robos con violencia.
La violencia se socializó. Los ajusticiamientos comenzaron a ser parte de lo cotidiano. Para muestra: los medios resumieron el fin de semana del 30 y 31 de septiembre pasado como una de las jornadas más violentas en lo que va del sexenio del presidente Enrique Peña Nieto, al reportarse al menos 74 homicidios en ocho estados del país. La mayoría de los casos estuvieron relacionados con enfrentamientos entre grupos del crimen organizado, con fuerzas de seguridad y ajuste de cuentas.
Pretender que esta realidad se acabe al dar permisos para que la población se arme -bajo la justificación de su derecho a la legítima defensa-, creo que es totalmente equivocado. Imaginemos esta escena: Un asalto en el Periférico a plena luz del día. La víctima está armada gracias a esa iniciativa del senador Preciado. Dispara al ratero y se inicia una balacera. Hay fuego cruzado y mueren personas que viajaban en otros vehículos y peatones.
El resultado: La medicina sale más cara que la enfermedad. La violencia sólo genera más violencia. La Ley del Talión no es la salida. A más armas, más delitos y más muertes. El país se sumiría en una espiral de horror y pondría fin a la endeble paz que hoy se tiene, ¿o ustedes qué piensan?
Hannia Novell. Licenciada en Ciencias de la Comunicación, realizó estudios en Periodismo, Literatura y Seguridad Nacional en diversas instituciones como la Universidad Iberoamericana, el Centro de Comunicación, Radio Educación y el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM). Especialidad en corresponsalía de guerra en La Universidad de Jerusalem (Israel) y una especialidad en comunicación política en George Washington University. Titular del noticiario estelar de Proyecto 40 en su edición nocturna.