El presupuesto que no considera como prioridad a la población infantil y adolescente.
El proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2017 castiga a la tercera parte de la población mexicana, a esas casi 40 millones de personas menores de 18 años, en especial al 53% de ellas, que según el CONEVAL, viven en pobreza.
Del análisis del Anexo 18: Recursos para la Atención de Niñas, Niños y Adolescentes, se desprende, en primera instancia, que prevalece un enfoque de inversión que deja sin recursos para la protección especial que requieren millones de niñas y niños en situación de alta vulnerabilidad. Ocho de cada 10 pesos se destinan a educación y salud, y la mitad de estos recursos se distribuyen en los fondos que se transfieren a los estados y municipios.
El total de gasto asignado en el anexo presenta un incremento de 22.2 mil millones de pesos, pasando de “736 mil 979, 147,586 millones a 759 mil 246, 432 mil 720 millones de pesos”. Realmente hay una disminución en todas las asignaciones de atención directa a grupos y agendas prioritarias, ya que los incrementos corresponden a las Aportaciones Federales, con 19 mil millones, la mayoría destinado al FONE que corresponde al pago de docentes y personal educativo. Los otros incrementos son destinados al IMSS con 4 mil millones y al ISSSTE con 7 mil millones. El aumento a estas tres partidas en su conjunto suma “31 mil 622, 881 267 millones”, por lo tanto estaríamos frente a una disminución en los hechos del presupuesto directo a esta población.
En lo que toca a migrantes, por ejemplo, en los últimos tres años hemos enfrentado una crisis migratoria. Solamente los NNA no acompañados aumentaron 333% del 2013 al 2015, pasando de 5 mil 596 a 18 mil 650 casos. No obstante, la atención a refugiados disminuye de 551 mil 218 a 475 mil pesos, y desaparece el capítulo de políticas y servicios migratorios que en el 2016 contaba con 372 mil pesos.
En resumen, es una raquítica inversión con la que es claramente imposible proteger a esta población. Esto a pesar de que en la Cumbre sobre Refugiados y Migrantes celebrada en septiembre pasado, el presidente Enrique Peña Nieto alentó a la comunidad internacional a impulsar alternativas para evitar la detención administrativa de los solicitantes de refugio, en particular de niñas y niños. “Trabajamos para que ningún menor de 11 años se encuentre alojado en una estación migratoria”. Y en cuanto a la aplicación de protocolos que identifiquen las necesidades de protección internacional para niñas, niños y adolescentes no acompañados o separados, ¿cómo se pretende avanzar en esta agenda con una inversión que no alcanza el millón de pesos anual?
Otra población altamente afectada es la de jornaleros agrícolas. Por un lado, el Programa para la Inclusión y Equidad Educativa disminuyó de 534.6 millones a 333.2 millones, 11 millones que representa el 39.7%. Por el otro, el Programa de Jornaleros Agrícolas sólo se incrementó en 7.5 millones pasando de 75.5 millones a 83 millones. En este caso, estamos hablando de una población objetivo que se contabiliza entre 300 mil y medio millón de niños.
De estos, sólo dos de cada 10 asiste a clases. A pesar de ello, a partir del ejercicio fiscal 2014 el PRONIM desapareció de la estructura programática de la SEP y se incluyó junto con otras seis líneas en el Programa de Inclusión y Equidad Educativa (PIEE). En ese entonces la inversión programada era de 1.3 millones, hoy se pretende con una cuarta parte de recursos atender a niños jornaleros migrantes, niños con discapacidad y otros niños en situación de vulnerabilidad, así como fortalecer la atención educativa a la diversidad social, lingüística y cultural.
En materia educativa, llama también la atención la rebaja del 12% de los recursos del Programa de Escuelas de Tiempo Completo, lo que hace imposible llegar a la meta sexenal de 40 mil escuelas, ya que actualmente están incorporadas únicamente a 24 mil.
En teoría, hay una gran preocupación en torno a la disminución de la edad en el consumo de drogas legales e ilícitas y el embarazo adolescente; sin embrago, la línea de prevención y atención de adicciones pasó de 225.5 millones del 2016 a 187.8 millones en este proyecto de PEF. Y para atención a la salud materna sexual y reproductiva se pasó de 648.2 a 606.1 millones. Para atender la problemática de 2.5 millones de niños en trabajo infantil y adolescentes en trabajos peligrosos, la línea de ejecución de programas y acciones de política laboral cuenta con el mismo millón de pesos que fue asignado el año pasado. Desaparecen las erogaciones para el fortalecimiento a la educación temprana y el desarrollo, y las relacionadas con el Programa Nacional de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia.
Finalmente, para la construcción de nuestro nuevo andamiaje institucional, el presupuesto no considera recurso alguno para apoyar a las entidades federativas en las tareas de los sistemas de Protección Integral y las procuradurías de Protección, fundamentales para la garantía y restitución de derechos.
Lo anterior refleja un presupuesto que no considera como prioridad a la población infantil y adolescente. Esperemos que los diputados, en concordancia con el mandato del artículo cuarto constitucional consideren el Interés Superior de la Niñez, en la asignación del gasto para el próximo año.
Nashieli Ramírez. Directora de Ririki Intervención Social. Experta en infancia, adolescencia y sus derechos.