Rediseño del sistema educativo, un anhelo nacional de cara al Informe de Gobierno.
La apuesta alrededor del IV Informe de Gobierno, ha sido mostrar, queriendo impregnar un ánimo positivo y de reconocimiento, que “lo bueno casi no se cuenta, pero cuenta mucho”. En ninguno de los promocionales, se habla de las niñas y niños de familias jornaleras migrantes, básicamente porque no hay nada bueno que contar sobre ellos.
Y es que, hablar de la población infantil jornalera, es tocar a uno de los grupos paradigma de la exclusión y precarización. Sumada a una alta vulnerabilidad derivada de una movilidad que los coloca en riesgo y discrimina por partida triple: por su familia de origen, por su estado de origen y por las características de su trabajo.
Se define como apátrida a quien no tiene nacionalidad y estos niños, niñas y adolescentes, son en muchos momentos tratados como tales. En Sinaloa eres oaxaco, en Guanajuato india piojosa, en Jalisco de “chapas”, que no Chiapas. La garantía de educación, salud y protección social, derechos fundamentales de todos los mexicanos, se topa con la barrera de los gentilicios, que se traduce en la mayoría de los gobiernos locales, en “esos a mí no me tocan”.
El 3 de agosto pasado, el Instituto Nacional de Evaluación Educativa emitió las directrices para mejorar la atención educativa de niñas, niños y adolescentes de familias de jornaleros agrícolas migrantes. Con la finalidad de propiciar que las autoridades educativas, federal y estatales, tomen decisiones orientadas a garantizar un servicio educativo de calidad y promover que se reconozca la necesidad urgente de atender a esta población.
Las directrices apuntan a la reivindicación del sentido nacional de la educación. Y son sin duda necesarias, ahora más que nunca, cuando el presupuesto se redujo a la mitad entre el 2014 y el 2016, y las escasas acciones se pierden en el multifacético Programa de Inclusión y Equidad Educativa. A lo que se suman las debilidades producto de la lógica reactiva de las intervenciones, derivado de la falta de información y diagnósticos, el último nacional disponible data de 2009; deficiencias en la coordinación para la implementación de una política integral de atención, y la urgente necesidad de sumar la agenda de erradicar el trabajo infantil agrícola a terceros.
Las directrices constituyen un referente para hacer frente a la invisibilidad. Una invisibilizacion que se entiende poco, si consideramos que en volumen hablamos de entre 300 mil y 400 mil niños y niñas, de los cuales apenas dos de cada 10 acceden a servicios educativos.
Son cuatro los ejes estratégicos: i) Rediseñar las políticas de atención educativa a partir del fortalecimiento del presupuesto público, los procesos de planeación, la coordinación institucional y la participación social. ii) Asegurar la pertinencia de un modelo educativo intercultural, así como la disponibilidad, idoneidad y desarrollo profesional del personal con funciones de docencia. iii) Desarrollar un Sistema Unificado de Información Educativa y adecuar las normas de control escolar y iiii) Fomentar la innovación, evaluación educativa y la gestión social de proyectos.
Estos ejes marcan la ruta para tener algo bueno que contar, ya que aseguraría un camino para hacer efectiva la portabilidad de derechos, es decir, que cualquier niña o niño mexicano no tendría que tener obstáculo alguno para incorporase al sistema educativo en cualquier punto de la geografía nacional, con una oferta pertinente y de calidad.
Algo bueno que contar sería que la SEP y sus homologas en las entidades federativas acepten las directrices antes del 3 de octubre, fecha en que se cumplen los 60 días normativos para que lo hagan.
Ojalá que muy pronto podamos tener cosas buenas que contar de la población infantil y adolescente jornalera, porque sin duda eso abriría la puerta a un montón de buenas noticias para los más pobres de este país, y eso, sin duda, sí contaría mucho.