Hasta 1,000 días de multa a médicos que cometan el delito de esterilización forzada.
Imponer de 10 a 20 años de prisión y hasta 1,000 días de multa a médicos que cometan el delito de esterilización forzada de niñas, adolescentes y mujeres con algún tipo de discapacidad, planteó, a través de una iniciativa, la diputada federal del PRI, Araceli Guerrero Esquivel.
La integrante de la Comisión Derechos de la Niñez de la Cámara de Diputados detalló que su propuesta busca, además, cancelar la licencia para ejercer la profesión a quienes realicen esta práctica.
En el caso de que este delito se cometa en una clínica, hospital o casa-hogar particular, a los responsables de estos centros se les cancelará el permiso o licencia para la realización de sus actividades.
La iniciativa, suscrita también por la priista Edith Anaya Mota, prevé reformar los artículos 175 Bis de la Ley General de Salud y el 199 Sextus del Código Penal Federal, a fin de erradicar esta práctica, ya que viola gravemente el derecho a la integridad física de las mujeres con discapacidad y produce consecuencias adversas en su salud mental.