Por. Ivonne Melgar
Existen evidencias de que la presidencia del INE definida por Morena utilizó el súperpoder que le entregó ese partido para abusar del aparato administrativo bajo su mando.
Una investigación de lo sucedido con la llegada de Guadalupe Taddei al Instituto en 2023 mostraría el cambio de criterios en la compra de automóviles, computadoras, chalecos y materiales.
Los testimonios de quienes padecieron la soberbia de la exconsejera presidenta incluyen desde la búsqueda de una doble contabilidad hasta el invento de una certificación del PREP en los estados.
La Auditoria Superior de la Federación (ASF) deberá indagar si hubo un registro paralelo de gastos.
Y aunque el negocio de la contratación de empresas que validaran los programas de resultados preliminares no se concretó, existen pruebas del intento.
Así que tanto el Organismo Interno de Control del INE como la ASF y la Secretaría de Anticorrupción pueden solicitar el oficio que para tal grotesco fin recibieron las autoridades electorales.
Suscrita por las unidades técnicas de vinculación y de servicios de informática del INE, esa comunicación llegó a los 32 organismos electorales locales, los OPLE, semanas antes de la renuncia de Taddei.
El oficio planteaba que, para garantizar la ciberseguridad de los PREP, deberían destinar entre 5 y 10 millones de pesos para certificar sus correspondientes programas.
En el colmo del cinismo, la comunicación informaba a los OPLE que el examen de la confiabilidad correría a cargo de empresas definidas por el INE.
Será cuestión de que los auditores revisen esos oficios, al igual que la reciente notificación a los institutos locales de que siempre no debían certificarse.
Las huellas del abuso de poder que se registró en el INE en los últimos tres años están a la vista. También las del soporte político que la exconsejera presidenta recibió de la Secretaría de Gobernación.
Y aun cuando en Palacio Nacional saben de esas fechorías, la estrategia de la presidenta Claudia Sheinbaum se encamina a enlodar a todo el sistema electoral, con el relato de que el problema de la corrupción es estructural.
La decisión de convertir a Taddei en una más de la supuesta cloaca en la que habría operado el INE ya envenenó el proceso de designación de una futura consejera presidenta.
Porque al pretender que el costo del escándalo se reparta entre los antecesores de la sonorense y la oposición del PAN y del PRI que antes fue mayoría legislativa, la mandataria está asfixiando la estrecha autonomía que pudo ejercerse por parte de los 10 consejeros del INE, la cual pudo fortalecerse con un relevo de consenso en la Cámara de Diputados.
Como si el fantasma de AMLO se hubiera apoderado de Palacio Nacional en las últimas horas, a partir del jueves se activó la operación contra Lorenzo Córdova, al frente del INE entre 2014 y 2023.
Con carácter de urgente, legisladores de Morena recibieron la instrucción de subir a sus redes videos responsabilizando al exconsejero presidente de lo sucedido con Taddei.
Y aun cuando trata de cuidar las formas, en las entrevistas a medios, la consejera presidenta provisional, Blanca Cruz García, está siguiendo las líneas discursivas del oficialismo.
Ayer, en consonancia con esa instrucción, el líder de los diputados de Morena, Ricardo Monreal, expresó apoyo total a la postura de la presidenta. No obstante, reconoció que la determinación de involucrar en la investigación a todas las gestiones del INE “contaminó” la posibilidad de alcanzar un acuerdo con la oposición en la convocatoria del relevo, la evaluación y el nombramiento.
Por lo que todo indica que en San Lázaro van a patear el bote de la designación, porque el gobierno prefiere que siga al frente Cruz García, dispuesta a la línea, como lo hizo desde abril que llegó al INE y la recibía a través de Taddei.
Perfiles de consejeras y exconsejeras capaces de concitar un acuerdo pluripartidista existen. Pero hasta ellas están siendo enlodadas con la estrategia de borrar la autoría 4T en el tiradero, involucrando a todo el sistema electoral.
Es una ruta que revive el objetivo de destruir al INE y a los OPLE, como en su momento lo quiso AMLO. Un propósito que sí logró con el Poder Judicial.
Es una apuesta que, como sucedió con la gestión de Taddei, busca sembrar miedo y encarecer el ejercicio de la autonomía electoral.
Porque los consejeros saben que las auditorías se prenden y apagan desde Palacio, al igual que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), la FGR, los jueces, magistrados y ministros.
Hay un secreto a voces en el sistema electoral: si la limpia del INE fuera en serio, además de desalojar la oficina de Taddei, habría que revisar hasta dónde llegó su complicidad con el consejero Jorge Montaño Ventura, el tabasqueño que sin pudor decía: “Mi único jefe se llama Adán”.
Pero el gobierno prefiere una guerra digital contra Lorenzo Córdova, antes que tocar a los protegidos de AMLO, con Taddei incluida.
