Por. Ana Gabriela Núñez Pérez*
El hartazgo no cambia gobiernos, leyes ni presupuestos por sí solo. Para convertirse en acciones, en políticas o beneficios sociales necesita dejar de ser una suma de inconformidades individuales y transformarse en organización colectiva. Eso es precisamente lo que estamos viendo hoy en distintas calles de Europa y, de otra manera, también en México.
Francia es quizá la imagen más visible. Lo que comenzó hace unas semanas con estudiantes reclamando profesores, mejores instalaciones y condiciones dignas en las escuelas terminó incorporando sindicatos, trabajadores y ciudadanos inconformes por el costo de vida, los salarios y el deterioro de los servicios públicos. El sábado 17 de octubre, el Ministerio del Interior calculó alrededor de 550 mil manifestantes en todo el país; la CGT elevó la cifra a 800 mil. La mayoría se manifestó pacíficamente, aunque grupos violentos protagonizaron saqueos, incendios y enfrentamientos con la policía. Las protestas continúan: el principal sindicato estudiantil francés convocó nuevas movilizaciones y los chalecos amarillos también anunciaron su regreso a las calles.
Sería fácil quedarnos con las imágenes de París: policías antimotines, escaparates protegidos con madera, vehículos incendiados. Pero las imágenes más espectaculares no siempre explican los fenómenos políticos más importantes. La pregunta no es solamente por qué hubo disturbios. Es por qué cientos de miles de personas decidieron salir de sus casas.
Francia no está sola, miles de estudiantes y profesores marcharon en Grecia para exigir mayor presupuesto educativo, mejores instalaciones y salones menos saturados. En Italia, protestas por el costo de vida y la calidad de los servicios públicos desembocaron en disturbios en Milán y otras ciudades; paralelamente, transportistas y agricultores han bloqueado carreteras por los precios de los combustibles y el costo de vida, afectando incluso cadenas de suministro.
En España, decenas de miles de personas se movilizaron este mes en unas 50 ciudades por el acceso a la vivienda. Sólo en Madrid, Reuters reportó alrededor de 70 mil manifestantes. Bélgica vivió una huelga nacional contra recortes presupuestales. En Serbia, una movilización estudiantil que comenzó después del derrumbe de una estructura ferroviaria en Novi Sad y que denunció corrupción y falta de rendición de cuentas ha terminado convirtiéndose en una organización capaz de competir electoralmente.
No es una sola protesta. Tampoco existe una causa europea única. Es algo más interesante: una simultaneidad del malestar. Unos reclaman profesores, otros vivienda, otros mejores salarios, otros denuncian corrupción, servicios públicos deficientes o un costo de vida que hace cada vez más difícil convertir un salario en bienestar. Y, sin embargo, la mayoría de esas demandas podría escucharse en casi cualquier lugar del mundo. También aquí, en México. No hace falta mirar hacia París para encontrar ciudadanos que sienten que las vías institucionales ordinarias no han sido suficientes.
Mientras escribía estas líneas, familiares de personas desaparecidas mantienen un bloqueo en la carretera México-Toluca para exigir avances en sus carpetas de investigación y una reunión con el fiscal general del Estado de México. Llevan horas haciendo algo que probablemente ninguna madre imaginó que tendría que aprender a hacer: detener una carretera para conseguir que el Estado escuche una demanda elemental, encontrar a sus hijos.
En todo el país, trabajadores del sector salud se han movilizado durante este mes para denunciar falta de medicamentos, materiales, personal suficiente y condiciones laborales precarias. Trabajadores del sector salud marcharon reclamando, entre otras cosas, insumos para poder atender a sus propios pacientes.
Educación en Francia. Vivienda en España. Salarios en Italia. Corrupción en Serbia. Desapariciones y salud en México. Los problemas cambian, pero la pregunta detrás de ellos no tanto: ¿qué hacemos cuando sentimos que el poder no responde?
En mis clases de Sociología Jurídica, cuando hablamos de poder, tarde o temprano aparece una pregunta parecida: ¿cómo podemos cambiar realmente las cosas? No hay una respuesta única. Las leyes cambian cosas. Los tribunales cambian cosas. Las elecciones cambian gobiernos. El periodismo expone abusos. Las organizaciones civiles investigan, litigan y acompañan.
Pero hay otra respuesta que recorre la historia política con una persistencia incómoda: organizándonos y presionando al poder. Frederick Douglass lo dijo en 1857 con una claridad difícil de mejorar: “El poder no concede nada sin una demanda. Nunca lo hizo y nunca lo hará.” La frase forma parte de un discurso sobre emancipación pronunciado hace casi 170 años y sigue describiendo una característica elemental de la política: quienes poseen poder, recursos o privilegios rara vez tienen incentivos espontáneos para reducirlos.
Eso no significa que todo gobierno sea necesariamente autoritario ni que toda protesta tenga razón. Significa simplemente que el poder responde a incentivos. Y la organización social crea incentivos.
Aquí aparece uno de los problemas más interesantes de las sociedades contemporáneas. Estamos llenos de inconformes y, al mismo tiempo, frecuentemente somos muy malos para organizarnos. Mancur Olson lo explicó en The Logic of Collective Action. Podemos compartir un interés con miles de personas y, sin embargo, decidir que sean otros quienes asuman los costos de defenderlo. Si el beneficio final será para todos, ¿por qué perder mi sábado en una reunión, marchar bajo la lluvia, presentar una denuncia, aportar dinero, participar en una asociación o invertir horas en una causa si alguien más puede hacerlo por mí? Ese es el conocido problema del free rider: beneficiarse del esfuerzo colectivo sin contribuir al costo de producirlo. En español lo podríamos traducir menos elegante, pero con mayor crudeza: esperar que otro haga el trabajo.
Que otra madre busque. Que otro médico proteste. Que otro periodista investigue. Que otro vecino reclame. Que otro ciudadano vigile. Que otro marche. Y si consigue algo, entonces sí, todos aprovecharemos el resultado.
Ahí está una de las paradojas de nuestras democracias. Queremos gobiernos vigilados, servicios eficientes, seguridad, justicia, hospitales funcionando, escuelas dignas y autoridades transparentes. Pero con frecuencia esperamos recibir los beneficios de una ciudadanía organizada sin asumir los costos de ser ciudadanos activos.
Podemos quejarnos durante años en una comida familiar, en un chat, en X, en Facebook o frente a la televisión. El poder puede convivir perfectamente con eso. El enojo disperso es administrable. La organización es otra cosa, porque la organización convierte una opinión en número; el número en presencia; la presencia en costo político; y el costo político en una razón para responder.
Sin embargo, aquí aparece otra dificultad de nuestras sociedades: a veces terminamos peleando más entre nosotros que exigiendo respuestas al poder. Lo vimos en la México-Toluca. El bloqueo de las familias buscadoras produjo horas de tránsito detenido, kilómetros de vehículos varados y enfrentamientos entre automovilistas y manifestantes. La desesperación de quien lleva horas atrapado en una carretera es perfectamente comprensible.
También lo es la de una madre que lleva meses o años intentando que una fiscalía encuentre a su hijo. El problema comienza cuando ambas desesperaciones terminan enfrentadas entre sí y el Estado queda convertido en espectador de una disputa entre ciudadanos.
Ese es quizá uno de los mayores riesgos de la fragmentación social. Nos peleamos por la carretera bloqueada mientras dejamos en segundo plano la pregunta que originó el bloqueo.
Porque cuando el malestar se dirige horizontalmente, ciudadano contra ciudadano, el poder enfrenta menos presión. Quizá por eso organizarnos exige algo más difícil que indignarnos: construir causas compartidas con personas que no piensan exactamente como nosotros.
No necesitamos votar igual para exigir que una fiscalía investigue. No necesitamos tener la misma ideología para exigir que un hospital tenga medicamentos. No necesitamos coincidir sobre todo para defender el derecho a una vivienda digna, una escuela funcional o un gobierno que rinda cuentas.
Las grandes transformaciones colectivas rara vez ocurrieron porque todos estuvieran de acuerdo. Ocurrieron porque suficientes personas consiguieron ponerse de acuerdo sobre algo. Ésa es la diferencia.
Hoy Europa vuelve a recordarlo. El malestar por el costo de vida, los servicios públicos, la vivienda o la educación está encontrando formas de organización diferentes en cada país. Algunas desaparecerán. Otras conseguirán cambios concretos. Algunas serán absorbidas por partidos políticos. Otras quizá terminen transformándolos.
Pero la lección importante no está únicamente en París, Milán, Madrid o Atenas. Está en nosotros. Nos hemos acostumbrado a pensar la democracia desde las urnas, cuando una parte fundamental de ella sucede precisamente entre una elección y la siguiente.
Votar es entregar poder. Organizarse es recordarle al poder que sigue teniendo límites. La pregunta, entonces, no es solamente qué tan inconformes estamos. Es cuánto estamos dispuestos a hacer con esa inconformidad. Porque una sociedad puede estar profundamente enojada y no cambiar absolutamente nada. Puede tener millones de ciudadanos insatisfechos, pero aislados. Puede tener razones y carecer de organización.
Y quizá ahí esté la diferencia que importa. Al poder puede incomodarle el enojo, pero lo que realmente modifica su cálculo es descubrir que quienes estaban enojados dejaron de estar solos y comenzaron a organizarse con un objetivo: afectarlo, cambiarlo y lograr que las cosas sucedan porque no pueden ignorarse más.
*Ana Gabriela Núñez Pérez es colaboradora de la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del Tecnológico de Monterrey.
