Por. Ernesto Madrid
IG: @JErnestoMadrid
La banca dice que no se trata de recaudar más ni de desaparecer el efectivo. Pero la digitalización tiene otra consecuencia: cada pago deja un rastro y, con él, aumenta la capacidad de conocer los movimientos del dinero.
Emilio Romano, presidente de la Asociación de Bancos de México, asegura que el objetivo es formalizar la economía, facilitar las operaciones y ampliar el crédito. “No se va a prohibir el efectivo en México”, afirmó. Su argumento es que los pagos digitales pueden ser más seguros, eficientes y productivos.
El problema no está en modernizar los pagos, sino en creer que la tecnología, por sí sola, resolverá los obstáculos de la economía mexicana.
El análisis de Banamex Estudios Económicos, con información de INEGI, Banco de México y Hacienda, muestra la dimensión del desafío: 85.2% de los adultos utilizaba efectivo para compras de hasta 500 pesos. Y en 2025 apenas 1.4% de los usuarios de internet reportó utilizar CoDi para pagar.
No es un detalle menor. Para una gran empresa, digitalizar sus cobros puede ser parte de la operación cotidiana. Para una tienda de barrio, un puesto de mercado o un pequeño restaurante, puede significar equipo, conectividad, comisiones y nuevos riesgos de fraude. Si esos costos no se compensan con mayores ventas o acceso al crédito, la modernización termina reduciendo sus márgenes.
La nueva Ley de Economía Digital busca ampliar los pagos electrónicos en trámites y servicios públicos, y faculta a Hacienda para determinar sectores y actividades donde podrían convertirse en el único medio de pago. No establece la desaparición general e inmediata del efectivo, pero sí abre una discusión que va más allá de la tecnología.
Un pago digital no genera automáticamente un impuesto nuevo, pero sí deja información que puede facilitar al SAT, identificar ingresos y detectar operaciones no declaradas. Por eso, negar que la estrategia tenga un objetivo recaudatorio no elimina una realidad: cuanto más digital es una economía, mayor puede ser la trazabilidad de sus operaciones.
Aquí conviene distinguir dos cosas. Una es el propósito declarado por la banca; otra, los efectos que puede tener la transformación. Romano habla de formalización y crecimiento. Banamex advierte que la adopción enfrenta barreras estructurales. BBVA Research, por su parte, ha documentado el avance de los depósitos bancarios y la participación de la banca digital, aunque ese crecimiento no demuestra que todos los comercios estén preparados para prescindir del efectivo.
La digitalización también llega en un momento en que México necesita crecer más. Si la actividad económica avanza con lentitud, el consumo sigue rezagado y miles de pequeños negocios operan con márgenes estrechos, imponerles costos adicionales sin ofrecer alternativas puede convertir una oportunidad en una carga.
La modernización requiere pagos baratos, conectividad, interoperabilidad y protección contra fraudes. También necesita preservar el efectivo para quienes no tienen acceso confiable a internet o servicios bancarios.
Porque el objetivo no debería ser que el Gobierno conozca cada vez mejor cómo circula el dinero, sino que ese dinero circule con mayor eficiencia, genere actividad económica y permita que más empresas crezcan.
Digitalizar no es el problema. El problema es que la economía sea cada vez más fácil de fiscalizar sin volverse más productiva.
Y esa es la pregunta que debe responder esta ley: ¿México está construyendo una economía digital que amplía oportunidades o una que deja más rastros del dinero sin garantizar que alcance para más?
