Por. Adriana Luna
X: @adrianalunacruz
La permisividad para mototaxis de plataforma, le costó la vida a Karla Margarita. El derecho a la movilidad no se limita a trasladarse del punto A al punto B; es un derecho humano llave que condiciona el acceso a la educación, la salud y la vida misma. Cuando los sistemas de transporte fallan y las autoridades toleran modalidades de traslado precarizadas bajo el argumento de satisfacer una necesidad de transporte, la movilidad se transforma en una ruleta rusa de vulnerabilidad.
El trágico caso de Karla Margarita Pérez Jiménez es el reflejo más doloroso. Una joven de 22 años originaria de Guanajuato que llegó a la Zona Metropolitana de Guadalajara con el único sueño de estudiar la carrera de Medicina, hoy está muerta. Previo a las Fiestas Patrias abordó el servicio de transporte contratado mediante una plataforma digital en la colonia Prados Vallarta, en Zapopan. Dos días después, el 16 de septiembre, su cuerpo fue localizado con aparentes huellas de violencia en un sembradío cercano al Centro Universitario de Ciencias Biológico Agropecuarias (CUCBA), junto a una motocicleta que presentaba indicios de haber sido incendiada. Su muerte, que hoy investiga el área de Feminicidios de la Fiscalía de Jalisco. En el Complejo Penitenciario de Puente Grande está en prisión preventiva oficiosa el sujeto señalado de haberla asesinado. Ante el juez, el implicado negó su responsabilidad y argumentó que le habían robado la motocicleta. El juez no creyó su coartada y lo vinculó a proceso.
Mientras en los juzgados el caso de feminicidio sigue su curso, sigue vigente el cuestionamiento ¿la necesidad de transporte permite la operación de automotores sin regulación para que las personas se transporten aunque sea sin garantías? O la integridad y seguridad de las personas debe prevalecer ante cualquier situación.
La vulnerabilidad sobre dos ruedas tiene rostro de mujer. En la mayoría de los casos la mujer queda en indefensión cuando ante la necesidad de transportarse va abrazada de un desconocido. Normalizar la operación de mototaxis y traslados de pasajeros en motocicleta argumentando la prisa, el tráfico o las deficiencias del transporte público convencional invisibiliza la extrema vulnerabilidad a la que se expone a las usuarias. Para las mujeres en México, el uso del transporte implica sortear acoso y riesgos constantes a su integridad física y a su vida. Así quedó evidente en el caso de Karla.
Abordar un vehículo de dos ruedas mediante plataformas o servicios informales elimina barreras de contención básicas, incrementa el aislamiento durante el trayecto y deja a las pasajeras en una posición de total indefensión. No se puede hablar de un sistema de movilidad con perspectiva de género mientras se permita que las ciudadanas dependan de alternativas de alto riesgo para llegar a sus centros de estudio o trabajo.
La irresponsabilidad también recae en las empresas que ofertan en el servicio de traslados vía mototaxi.
Las empresas de aplicaciones móviles y plataformas tecnológicas no pueden lavarse las manos ni asumir un rol de meros intermediarios digitales. Al habilitar u ofertar traslados en motocicleta sin contar con esquemas rigurosos de control, validación de conductores ni protocolos de emergencia eficientes, las plataformas anteponen sus ganancias económicas al derecho a la vida de sus usuarias. Si la plataforma permite la conexión y el cobro del viaje, la empresa involucrada debe responsabilizarse legal y éticamente por lo que ocurre durante el trayecto.
Exhortar al usuario a no abordar un vehículo ilegal mientras la aplicación sigue operando impunemente en las calles traslada la responsabilidad de la seguridad al eslabón más débil: la víctima. La muerte de Karla Margarita no es un hecho asilado sino el reflejo de la vulnerabilidad de la mujer en un sistema de transporte ineficiente, inadecuado e insatisfactorio. Ninguna urgencia de traslado justifica poner en riesgo la vida de una estudiante; la movilidad será segura y justa, o no será. Un feminicidio siempre puede evitarse.
