Por. Saraí Aguilar*
X: @saraiarriozola
“No hay peor ciego que el que no quiere ver”, reza el refrán popular que parece haberse convertido en el lema oficial de los gabinetes de seguridad a lo largo y ancho de este país.
El aceptar y asumir la realidad implica un ejercicio de valentía política y moral del que carece sistemáticamente el poder. Mientras que las esferas políticas buscan coordinadores de defensa territorial, la defensa y cuidado de las mujeres parece no serles relevante.
Y si bien con frecuencia se busca promover la idea de que los feminicidios no son la constante, sino una desgracia exclusiva de las geografías locales, como si el horror que se vive en Morelos —con el reciente asesinato de la estudiante española Claudia Tacoronte, sumado a las muertes de Kimberly, Karol, Michelle Itzayana y tantas otras— fuera un accidente geográfico y no el síntoma de una destrucción sistémica del tejido social.
El señalar únicamente a las autoridades estatales —a una administración gubernamental o a una fiscalía local— es ignorar que ellas no son más que piezas menores, peones funcionales de un engranaje nacional mucho más amplio que ha normalizado la tragedia. A escala federal se opera exactamente la misma indolencia, basta con ver las conferencias matutinas donde el mismo cálculo político aplica, donde las vidas de las mujeres se miden en daños colaterales tolerables y la preocupación es que no se dañe la popularidad del partido oficialista y se consideran a las muertas simplemente como otros datos.
Pero cuando cuatro alumnas de una misma universidad son asesinadas en menos de nueve meses en un solo estado, y el país entero acumula cifras de espanto sin que cambie el rumbo de la estrategia nacional de seguridad, se evidencia que la crisis es estructural.
Pues aunque se quiera decir desde el púlpito presidencial que las cifras van mejorando y que los tiempos neoliberales eran peores, la verdad es que la maquinaria institucional de la República opera con una mortal lentitud, apostando siempre al desgaste de la memoria social, al olvido institucional y a la simulación mediática. Se emiten comunicados y falsas promesas desde el centro del poder, se condena el hecho en turno y se promete una revisión de las estrategias que nunca llega al fondo del problema, mientras la impunidad supera cualquier ficción posible.
Y tal vez la mañanera se puede llenar con medios y periodistas complacientes y los porristas en redes puedan defender lo indefendible. Pero en las calles la exigencia es radicalmente distinta. La comunidad estudiantil y los colectivos no están pidiendo candidaturas ni favores; exigen que el Estado en su conjunto deje de ser cómplice por omisión de la violencia feminicida.
Mientras la cúpula del país siga apostando a la ceguera voluntaria y a mirar hacia otro lado, las aulas y las familias seguirán guardando luto y el país continuará adeudando lo más básico a sus jóvenes: el derecho elemental a la vida y a volver a casa. La indolencia federal no es pasividad; es una forma de complicidad que perpetúa la barbarie.
