Por. Saraí Aguilar*
X: @saraiarriozola
En uno más de los episodios que nunca debían pasar, los medios de comunicación, los ciudadanos y los políticos de oposición fueron expuestos una vez más desde la que se ha convertido en la tribuna oficial.
Todo comenzó en la conferencia de prensa bajo el formato de “Derecho de Réplica”, donde Luisa María Alcalde —en su papel de consejera jurídica de la Presidencia o en cualquier función que le toque realizar que le dé cabida en el presupuesto— tomó la palabra para presentar una supuesta “red de amplificación digital”.
De inicio, el tono no ayudó. La presentación fue percibida por múltiples sectores y analistas como arrogante y confrontativa. Desde la tribuna oficial del Estado se exhibió una pantalla gigante con nombres y relaciones de periodistas, analistas, opositores y cuentas anónimas, donde la única evidencia era su propio dicho, que debía ser tomado como un dogma de fe.
Pero lo que verdaderamente preocupó fue el mensaje implícito: intentar etiquetar de manera generalizada a la crítica como una acción concertada e inorgánica (una red), asumiendo una postura de superioridad moral e institucional frente a los medios. Y lo peor, la sensación latente de un “los estamos viendo, sabemos quiénes son”.
Como era obvio, la escalada en redes no se hizo esperar. Sin embargo, causa curiosidad saber quién asesoró a Alcalde y la lanzó a semejante hoguera. Pues lejos de calmar las aguas tras los cuestionamientos sobre el uso de la estructura gubernamental para exhibir ciudadanos, su postura en las plataformas digitales se tornó aún más de combate. Lejos de disculparse, las réplicas buscaron descalificar las críticas de las asociaciones civiles y de los propios periodistas señalados, endureciendo la polarización.
Ante la presión pública, el repudio de organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos, y el señalamiento generalizado de que se trataba de una “lista negra” con tintes autoritarios, el discurso oficial dio un viraje defensivo. Funcionarios y simpatizantes comenzaron a negar que se tratara de un padrón de persecución, argumentando que únicamente era un “ejercicio de análisis de la conversación pública”. Este intento de matizar lo evidente generó aún más indignación, pues los nombres, las flechas y las conexiones ya habían sido proyectadas y difundidas institucionalmente en cadena nacional.
No obstante, el escándalo en redes es lo menos relevante. Lo verdaderamente alarmante es que las palabras tienen peso, y cuando el poder utiliza los aparatos del Estado para señalar con el dedo a quienes investigan y critican, las agresiones quedan legitimadas. Apenas días después de la exhibición, el hostigamiento digital se disparó bajo hashtags como #PrensaVendida, #ChayoteroMercenario y #MediosSicarios.
Es aquí donde la contradicción queda expuesta: aunque se intente matizar diciendo que “no eran listas”, el daño ya está hecho. Los periodistas y personas señaladas ahora enfrentan un clima de hostilidad mucho más peligroso y directo, con el agravante de que la embestida desata violencia digital —con un sesgo fuertemente machista y sexista contra las mujeres periodistas— avalada indirectamente desde la propia estructura del poder.
¿Qué sigue? ¿Desaparecidas que no son desaparecidas?
