Por. María del Socorro Pensado Casanova
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“En cierto doloroso sentido, puede decirse que la historia de Coyoacán empieza cuando
acaba la de Tenochtitlán.”
Salvador Novo, Breve Historia de Coyoacán, México, 1962.
A veces conocemos tanto un lugar que dejamos de preguntarnos por su historia. Recorremos las mismas calles, contemplamos sus edificios, nos detenemos en sus plazas y terminamos creyendo que aquello que vemos también es todo lo que ese lugar representa. Coyoacán tiene algo de eso. Frida Kahlo, la Fuente de los Coyotes, sus casonas y una vida cultural que forma parte de la identidad de la Ciudad de México. Sin embargo, detrás de esa Villa Coyoacán que sabemos casi de memoria permanece otra mucho menos visible. Una en la que se gobernaba, se disputaba la autoridad y se decidía quién tenía derecho a ejercer el poder.
Antes de la llegada de los españoles, el altépetl constituía una estructura política vinculada con una identidad, un territorio y un gobernante dinástico. Después de la conquista, aquellas formas de organización no desaparecieron inmediatamente. Sobre ellas comenzaron a construirse las nuevas instituciones coloniales. En Coyoacán podemos observar con particular claridad esa transformación. Hernán Cortés reconoció a Juan de Guzmán Itztolinqui como gobernante indígena y, posteriormente, las autoridades españolas introdujeron instituciones como el cabildo sobre estructuras políticas que ya existían. Así, Juan de Guzmán ocupó el gobierno de Coyoacán desde 1526 hasta su muerte en 1569 y, aunque conservó determinados privilegios y tributos, también mantuvo conflictos con Cortés por la apropiación de tierras y cargas impuestas a la población indígena.
El nuevo orden no sustituyó de inmediato al anterior, sino que se construyó sobre él, lo utilizó y, progresivamente, lo transformó. Una de esas transformaciones resulta especialmente significativa. En Coyoacán existían varios linajes con derecho a gobernar. No obstante, durante la época virreinal, los españoles determinaron que únicamente el linaje perteneciente a la familia Guzmán sucediera en el título y gobierno. Detrás de una decisión que podría parecer distante permanece una pregunta que continúa siendo profundamente política: ¿quién tiene derecho a participar en el poder y quién establece las reglas que determinan ese derecho?
La historia de Coyoacán nos recuerda que las instituciones nunca aparecen en el vacío. Son resultado de procesos en los que distintas concepciones de poder, autoridad y derechos se encuentran, se disputan y se transforman. Con el paso del tiempo, incluso podemos olvidar que los espacios que habitamos fueron escenario de esas tensiones. Coyoacán, San Ángel y Tlalpan conservan todavía la huella territorial de antiguas unidades que formaron parte de aquella organización política. Nuestro presente convive todos los días con estructuras heredadas de un pasado que pocas veces advertimos.
Algo semejante ocurre con la democracia. La memoria colectiva ha comenzado a diluirse y, con ella, aparece también la falsa impresión de que aquello que ya existe permanecerá intacto para siempre. Detrás de la imagen cultural y turística que apreciamos, conviven realidades profundamente distintas.
Personas en situación de calle forman parte del paisaje cotidiano de algunos de sus espacios, el comercio ocupa calles y banquetas hasta modificar la manera en que las transitamos, y el uso del espacio público obliga constantemente a conciliar intereses, necesidades y derechos que no siempre encuentran respuestas sencillas.
Una ciudad también se gobierna cuando atiende a quienes se encuentran en condiciones de mayor vulnerabilidad, cuando evita que la desigualdad determine quién puede apropiarse del espacio y consigue que las decisiones públicas respondan a necesidades distintas sin convertir unos derechos en obstáculo para los de otras personas.
Podemos hablar de derechos humanos, igualdad y dignidad mientras caminamos junto a personas para quienes algunos de esos derechos continúan siendo difíciles de ejercer. Su presencia nos obliga a recordar que una democracia se mide también por la capacidad de sus instituciones para reconocer a quienes con mayor facilidad pueden quedar fuera de sus prioridades. ¿Quién decide sobre el territorio y con qué criterios lo hace? Hoy esa respuesta no puede descansar en el linaje, el privilegio o la voluntad de quienes concentran el poder.
Por eso la memoria resulta indispensable. Las decisiones sobre el espacio que compartimos no deben dejar a nadie fuera de los derechos que hemos construido. La igualdad, la dignidad y la participación no han sido concesiones espontáneas ni permanecen protegidas únicamente porque se encuentren reconocidas en las normas. Lo que damos por hecho también necesita ser cuidado.
