Por. Ernesto Zavaleta
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En un espacio de alrededor de 14 horas ocurrieron tres eventos que no pueden ser casualidad.
Primero, el 21 de agosto la Corte Federal del Distrito Norte de Illinois, en Chicago, donde la jueza federal Sharon Johnson Coleman lleva el caso de Joaquín Guzmán López, “El Güero”, hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán, se anuncia que la audiencia para dictar su sentencia se pospone del 31 de agosto próximo al 1 de marzo de 2027.
Segundo, unas horas después, el mismo día 21 de agosto, Rubén Rocha Moya anuncia su regreso como gobernador de Sinaloa, “por mandato de la voluntad popular”, y tercero, un día después, el 22 de agosto, Enrique Inzunza Cázarez anunció su regreso presencial al Senado e informó que acudirá a la reunión plenaria de Morena el 30 de agosto y que posteriormente retomará presencialmente las sesiones del periodo ordinario, que comienza el 1 de septiembre. ¿Seguirá cobrando por fuera? Porque sus cuentas siguen congeladas.
Los tres personajes son mencionados en las investigaciones del secuestro y entrega a las autoridades estadounidenses de Ismael “El Mayo” Zambada, capo sinaloense, de donde los tres mencionados son originarios. ¿Casualidad?
Dicen los que saben que las casualidades en la política no existen.
¿Quién pidió u ordenó al gobernador licencia, otra vez, y al senador quien simplemente se escondió, volver a la escena pública? Ni su partido, ni el gobierno federal, ni su bancada. Todos ya se deslindaron. ¿Quién fue? ¿El Cártel de Sinaloa? ¿El Güero?
Rubén Rocha Moya regresó a la gubernatura de Sinaloa después de 112 días de licencia, se reunió con su gabinete, retomó el despacho y, quizá antes de que terminara de desempolvar la silla, volvió a pedir licencia.
Duró 34 horas en el cargo.
Ni un gobierno de prueba dura tan poco. Es más, para lograr una comparación respecto a un periodo de ejercicio tan corto de un gobernador hay que remontarse a 1827, cuando Lorenzo de Zavala duró un día como gobernador del Estado de México para solicitar licencia por “asuntos pendientes en la Ciudad de México”; y le sigue Antonio Ancona Albertos quien como gobernador de Yucatán pidió licencia a las 72 horas en el cargo en 1920.
El viernes 21 de agosto, Rocha anunció que daba por terminada la licencia que había solicitado el primero de mayo. Dijo que regresaba porque era su deber cumplir con el mandato de los sinaloenses y porque, según su versión, la Fiscalía General de la República no había encontrado pruebas que sustentaran una conducta penal en su contra.
Pero el regreso tuvo un pequeño problema: nadie parecía haberlo invitado a la fiesta.
La Secretaría de Gobernación se deslindó: fue una decisión personal. Morena también tomó distancia. Gobernadores morenistas le pidieron reconsiderar. Y la presidenta Claudia Sheinbaum dejó claro que los intereses personales no pueden estar por encima de los intereses de Sinaloa, de la Nación y del movimiento.
Y entonces ocurrió lo que en política mexicana suele ocurrir cuando el poder manda señales que un gobernador no quiere escuchar: Rocha entendió el mensaje.
El sábado 22 volvió a solicitar licencia temporal, con carácter indefinido y por más de 30 días, ante el Congreso de Sinaloa. El documento no establece una fecha para su eventual regreso.
Así que la pregunta ya no es si Rocha puede regresar.
La pregunta es: ¿quién le pidió que regresara?
La primera licencia fue presentada como una decisión responsable para no interferir con las investigaciones, y el regreso, dijo el mandatario estatal, como el cumplimiento de un mandato popular. Pero la segunda licencia deja una estampa mucho más política: regresar para medir fuerzas y retirarse cuando las fuerzas no alcanzaron, una cosa es que un mandatario tenga facultades constitucionales y otra muy distinta que no mida las consecuencias políticas de ejercerlas.
Rocha regresó cuando la investigación sobre los señalamientos que pesan sobre él seguía siendo un asunto incómodo para el gobierno federal. Estados Unidos lo acusa de presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa; Rocha ha rechazado esas acusaciones y sostiene que se trata de ataques políticos.
Y justo cuando el gobierno de Sheinbaum intenta mantener una posición firme frente a Washington, y ante la inminencia de una nueva ronda de negociaciones del T-MEC, el gobernador sinaloense decidió reaparecer en el escenario.
No era difícil imaginar el resultado.
Sheinbaum habló de la necesidad de poner por delante a la Nación y al movimiento. La frase que resonó políticamente fue contundente: “el poder sin principios se vuelve arrogancia”.
Y Rocha, después de escucharla, hizo lo que pocas horas antes parecía impensable: volvió a pedir licencia.
Mientras los políticos discuten quién puede entrar y quién debe salir de Palacio de Gobierno, Sinaloa sigue teniendo problemas mucho más urgentes que una disputa de egos.
La entidad no necesita un gobernador que llegue un día, se vaya otro, vuelva al tercero y deje al Congreso resolviendo las consecuencias. Necesita certeza. Necesita seguridad. Necesita instituciones que no parezcan depender de los caprichos, cálculos o impulsos de quienes ocupan temporalmente el poder.
Porque lo ocurrido en estas 34 horas dejó una imagen difícil de borrar: un gobernador constitucional regresó al cargo, desafió políticamente al entorno presidencial y, después de una lluvia de críticas desde su propio movimiento, volvió a solicitar licencia.
Eso no es precisamente fortaleza.
Es, cuando menos, una enorme derrota de comunicación política.
La nueva licencia puede resolver temporalmente el problema de Rocha, pero no el problema de Morena.
Queda la pregunta sobre quién manda. ¿La presidenta, la dirigencia morenista, el Cártel de Sinaloa? ¿Un gobernador puede tomar una decisión de semejante magnitud sin consultar al centro político del país?
¿Hasta dónde puede llegar la autonomía de un gobernador cuando su decisión compromete la estrategia política nacional?
Por lo pronto, Rocha ya pidió permiso para volver a ausentarse.
Después de haber regresado para cumplir con el mandato de los sinaloenses.
Y uno se pregunta:
¿No habría sido más sencillo quedarse con la licencia?
